Iván Cancino, ministro de Justicia designado por el presidente electo Abelardo De La Espriella, le envió una carta a la Fiscalía General de la Nación para que se refuercen las medidas de seguridad ante la información sobre una posible fuga masiva en la cárcel de Itagüí.
El abogado también mencionó lo que publicó Alejandro de Bedout, presidente del Concejo de Medellín, en su cuenta de X. Allí habló sobre un supuesto plan de fuga masiva que ocurriría antes del 7 de agosto, cuando se asumiría el nuevo gobierno.
“Según lo informado, dicha alerta habría sido recibida de una fuente ciudadana y puesta de inmediato en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación mediante denuncia formal, señalándose que la presunta operación contaría con apoyo logístico externo, incluyendo vehículos y personal ajeno al establecimiento penitenciario”, comentó Cancino.
En la carta, el ministro designado dejó en claro que no pretende atribuir veracidad a los hechos narrados o sugerir cómo debería ser tratada esta situación, especialmente en lo relacionado con las investigaciones para confirmar si la posible fuga se va a dar.
En ese sentido, remarcó que solo busca, por medio de la comunicación, que se le preste la atención pertinente al caso y se tomen todas las medidas necesarias que ayuden a frustrar este plan, en caso de que el mismo sea verídico.
“Mi único propósito es sumarme, como ciudadano colombiano y en el marco de mi actual encargo, al respetuoso llamado a que, ante la información ya conocida, se adopten con prontitud y diligencia que el caso amerita las medidas de cuidado, prevención y revisión que resulten necesarias para salvaguardar la seguridad y la integridad de la sociedad”, manifestó.
Por todo lo anterior, pero siempre reconociendo la autonomía e independencia de la Fiscalía, Cancino pidió que se adopten con “carácter prioritario y urgente las medidas de cuidado, prevención y verificación que la gravedad de la situación demanda”.
El también coordinador del equipo jurídico de empalme designado del próximo gobierno, recalcó que todo esto se debe realizar en el marco de las competencias del ente investigador y en coordinación con las autoridades penitenciarias, en este caso el Inpec, y de la policía judicial.
“Sin otro particular, agradezco su atención y colaboración, reiterando la preocupación legítima por la seguridad pública que, como ciudadano, a todos nos asiste”, concluyó.