Uno de los altos funcionarios del Gobierno Petro le dijo al presidente que no ve con buenos ojos la amenaza que lanzó hace algunas horas contra el magistrado Juan Enrique Bedoya, después de que el mandatario pidió en sus redes sociales denunciarlo por prevaricato tras suspender la totalidad del decreto que ordenaba el traslado de 25 billones de pesos de las AFP a Colpensiones.
El ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, fue el responsable de utilizar su cuenta de X personal para asegurar que “no es apropiado” llevar las diferencias de esa decisión judicial a la instancia penal, cuando existen distintos recursos dentro de lo contencioso administrativo.
Cuervo manifestó: “La decisión del consejero debe discutirse en el marco de los recursos disponibles en el CPACA, y no es apropiado trasladar la controversia a instancias penales ajenas a esta discusión jurídica fundamental para el país“.
Esas instancias penales salieron a flote después de que el mandatario pidió en su cuenta de X denunciar por prevaricato al magistrado Bedoya, responsable de frenar el traslado de ahorros desde las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) al régimen público, administrado por Colpensiones.
De hecho, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, también salió a alertar que esa decisión del alto tribunal podría desencadenar una posible suspensión en el pago de pensiones consolidadas.
El ministro Cuervo, aunque calificó la medida cautelar como “controversial”, explicó que la decisión del Consejo de Estado se basa en la reforma pensional del propio Gobierno Petro, pero esa ley se “encuentra suspendida por la Corte Constitucional y no puede ser aplicada”.
Por eso terminó anunciando que el Gobierno volverá a presentar un recurso de súplica sobre esa decisión, así como la Agencia de Defensa Jurídica del Estado la radicó en el auto anterior que suspendió provisionalmente el traslado de 20 billones de pesos.
Todo este capítulo ha generado reacciones de la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, la Rama Judicial en pleno y la Contraloría, que han rechazado las actuaciones del presidente Gustavo Petro contra la decisión del Consejo de Estado.
De hecho, la Corporación Excelencia en la Justicia le pidió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y a la Relatoría para la Independencia Judicial de Naciones Unidas que proteja a la Rama Judicial y al magistrado Bedoya Escobar tras la arremetida del Ejecutivo.