Kelly Johana Suárez Moya, la Miss Cartagena capturada en medio de un gigantesco operativo en contra de la explotación infantil en la isla de Barú, en octubre de 2014, recibió una rebaja en su condena.
Tras resolver el recurso de apelación presentado por su defensa, el Tribunal Superior de Cartagena fijó en 16 años y cuatro meses de prisión la condena en contra de la exconcursante del Reinado de la Independencia de Cartagena.
En el fallo de segunda instancia, el Tribunal avaló los argumentos presentados por los abogados de los procesados, que señalaron un error en la tasación de la condena de parte de un juzgado de Cartagena que, el pasado 5 de septiembre, fijó la sentencia de 19 años y ocho meses de cárcel.
La reina, una figura visible y reconocida en el barrio Obrero de Cartagena, creó su agencia de modelaje Stage Models Caribe, que fue vista como la plataforma de muchas niñas y jóvenes del sector para alcanzar la fama y salir de la pobreza.
Esta empresa, según la acusación presentada en 2015 por la Fiscalía General por los delitos de proxenetismo e inducción a la prostitución, fue utilizada para llevar a las menores a todo tipo de eventos con extranjeros y empresarios en que eran explotadas sexualmente.
Las pruebas recolectadas indicaron que niños, niñas y adolescentes fueron engañados por esta organización. En varios videos grabados por un agente encubierto estadounidense registraron la forma en que delinquía la red y la participación activa de la exreina.
Con la información del agente encubierto se conformó el operativo para capturar a todos los integrantes de esta organización dedicada a la explotación sexual de menores.
De esta forma, se logró realizar una reunión entre el agente que se presentaba como un empresario “dispuesto a pagar por todo” y varios de los integrantes de la red para cuadrar una fiesta en Barú con la presencia de niños y niñas de hasta doce años y varias adolescentes.
En los encuentros, grabados con bodycam y cámaras ocultas puestas por los investigadores, se registró la forma en que los jefes de le red hablaban, sin ningún tipo de tapujos o lenguaje cifrado, del objetivo de la fiesta. Así como la presencia de una niña de doce años que era virgen, por la cual se pedía una alta suma de dinero.
Con toda esta información, las autoridades pusieron en marcha un operativo que terminó con la detención de doce personas.
En la acción, 54 niños, niñas y adolescentes fueron ubicados. Posteriormente, se adelantó un proceso con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para el restablecimiento de sus derechos.
En septiembre pasado, Kelly Johana Suárez Moya presentó una acción de tutela ante la Corte Suprema de Justicia para reclamar sus derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa, asegurando que en el juicio que se extendió por diez años, no se le permitió presentar su declaración.
Igualmente, que en el fallo no se tuvieron en cuenta las pruebas presentadas por su defensa que permitían inferir que nunca tuvo nexos con esta organización de explotación sexual o que jamás supo de las acciones ilegales que se adelantaban con estas menores de edad.