El Consejo de Estado suspendió provisionalmente la resolución por la cual el Gobierno de Gustavo Petro autorizó la instalación de la mesa de diálogos de paz con la autodenominada Segunda Marquetalia, creada por alias Iván Márquez tras abandonar el Acuerdo de Paz.
En el auto se señala que la Ley 2272 de 2022, que dio vía libre a la llamada Paz Total, distinguió entre los grupos armados organizados al margen de la ley (GAOMIL), con los que se adelantarían negociaciones de carácter político con miras a la paz, y las estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto (EAOCAI), con las que se desarrollarían acercamientos para su sometimiento a la justicia y su desmantelamiento definitivo.
Según el Consejo de Estado, aunque el acto demandado le atribuye a esta organización la condición de GAOMIL con el fin de adelantar las negociaciones autorizadas por el legislador, su naturaleza corresponde a la de una estructura armada organizada de crimen de alto impacto.
Esto significa que la ley autorizaba al Gobierno a realizar acercamientos para lograr el sometimiento y desmantelamiento de la Segunda Marquetalia, y no a adelantar negociaciones de carácter político con sus integrantes.
En la decisión, emitida por el magistrado Carlos Fernando Mantilla, se señala que no puede perderse de vista el momento en que se conformó el grupo conocido como la Segunda Marquetalia, así como las personas que estuvieron detrás de su creación.
“Surge la vulneración de la norma superior, toda vez que el acto demandado catalogó a la autodenominada Segunda Marquetalia como un grupo armado organizado al margen de la ley (GAOML), sin que lo fuera, con el objeto de autorizar la instalación de una Mesa de Diálogos de Paz”, señala la decisión del Consejo de Estado.
Por esta razón, al tratarse de una disidencia conformada por excomandantes de las Farc, entre ellos alias Jesús Santrich, Romaña y El Paisa, no se le podía brindar un trato diferencial, ya que estas personas le dieron la espalda al Acuerdo de Paz que firmaron en 2016.
Participación en el magnicidio de Miguel Uribe Turbay
En marzo pasado, SEMANA reveló en exclusiva la declaración que rindió ante la Fiscalía General, Simeone Pérez Marroquín, alias el Viejo, quien reconoció su plena participación en la planeación para atentar contra la vida del entonces senador y precandidato a la Presidencia, Miguel Uribe Turbay.
Después de esta decisión, la Fiscalía General de la Nación solicitó la expedición de órdenes de captura con fines de extradición contra los máximos comandantes de esta estructura armada, quienes se encuentran en Venezuela.
Poco después, la Fiscalía y la Policía publicaron un cartel con los montos de las recompensas por información que permita la captura de estos comandantes guerrilleros.
En el cartel se señala que por información que permita la captura de Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez, se ofrecen 5.000 millones de pesos. Por su parte, por Gener García Molina, alias Jhon 40, y José Manuel Sierra Sabogal, alias Zarco Aldinever, se ofrecen 4.000 millones de pesos.
En un segundo nivel aparecen otros jefes de la Segunda Marquetalia, como John Jairo Bedoya Arias, alias Rusbel o Rumba; Alberto Cruz Lobo, alias Enrique Marulanda; y Diógenes Medina Hernández, alias Gonzalo. Por información que permita su ubicación se ofrecen 2.000 millones de pesos.
En el caso de Kendy Téllez Álvarez, alias Yako, pese a los señalamientos en su contra, se ofrecen 500 millones de pesos.