La Segunda Marquetalia reúne a los delincuentes más peligrosos de las extintas Farc, que le hicieron conejo a los acuerdos de paz de La Habana que firmaron. Conformaron una organización criminal alimentada del narcotráfico y responsable de magnicidios como el de Miguel Uribe Turbay, tal como lo reveló SEMANA. Lo que resulta insólito es que a ese grupo criminal, el gobierno del presidente Gustavo Petro les subsidia la salud.
Así lo estableció SEMANA luego de una advertencia de una jueza en la audiencia donde la Fiscalía fracasó al intentar demostrar que criminales como alias Iván Márquez o el Zarco Aldinever, son prófugos de la justicia. La jueza le recordó al ente acusador errores en las actividades para tratar de ubicar a los delincuentes que ordenaron el magnicidio.
“La existencia de errores materiales graves e imputables a la policía judicial en el trámite de localización del ciudadano Kendry Téllez, consistentes en la citación a un correo electrónico equivocado y la marcación a un número telefónico errado”, señaló la jueza.
En el mismo documento la judicatura advierte que la Fiscalía “omitió” actividades tan básicas como registros en el sistema de las EPS donde, curiosamente los cabecillas de la Segunda Marquetalia, autores de ataques terroristas, responsables de asesinatos y los mismos que se burlaron dos veces de los procesos de paz, aparecen en el régimen subsidiado.
“Sumado a que la Fiscalía omitió desplegar labores de búsqueda individualizada frente a los demás requeridos, a pesar de que las bases de datos de la Nueva EPS reportaban, para el mes de mayo de 2026, afiliaciones en estado activo y con datos de contacto vigentes en el territorio nacional”, advirtió la jueza.
Esa advertencia fue el punto de partida para hacer las verificaciones que, de acuerdo con la jueza, debió adelantar la Fiscalía en el curso de las investigaciones y de cara a establecer que los cabecillas de la Segunda Marquetalia son realmente unos prófugos de la justicia.
SEMANA revisó el sistema Adres y allí los cabecillas criminales figuran como cabezas de hogar. Seis de los siete están inscritos en régimen subsidiado, afiliados a la Nueva EPS y con las mismas garantías que cualquier ciudadano que requiere de la ayuda del Estado para garantizar la salud.
Incluso y como señala el sistema Adres, se trata de un afiliado “cabeza de familia”, un padre ejemplar que por alguna razón se quedó sin trabajo y buscó ayuda del Gobierno.
El problema en este caso es que no se trata de padres o cabezas de familia, cómo están inscritos en la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres). Son delincuentes activos, que ordenan masacres, que asesinan a firmantes de paz, a líderes sociales y se hacen millonarios con el narcotráfico.
Los cabecillas de la Segunda Marquetalia fueron los responsables de ordenar el magnicidio de Miguel Uribe Turbay, de utilizar un menor de edad para convertirlo en asesino, de planear el asesinato de un firmante de paz con una bomba lapa en Bogotá. Son ellos quienes aparecen en el sistema de seguridad social como beneficiarios de un subsidio para el servicio de salud.
Cuando SEMANA reveló los detalles de la declaración de Simeón Pérez Marroquín, alias El Viejo, intermediario entre la Segunda Marquetalia y la oficina de sicarios en Bogotá, la Fiscalía y la Policía revelaron un cartel con la foto de siete cabecillas de esa organización criminal.
El cartel de los más buscados por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay incluía una jugosa recompensa que en el caso de Iván Márquez llegó a los 5.000 millones de pesos. Luego alias Jhon 40 y el Zarco Aldinver con 4.000 millones por información para su captura, y hasta 2.000 millones por alias Rusbel, Enrique Marulanda y alias Gonzálo.
Alias Yako, encargado de contactar, a través de alias El viejo, a la oficina de sicarios, también se incluyó en el cartel de los más buscados y por su captura ofrecieron hasta 500 millones de pesos de recompensa. En resumen, los más buscados por el magnicidio del precandidato presidencial están protegidos, en temas de salud, por el gobierno.
El sistema de seguridad social advierte que en la Nueva EPS, en estado activo, en el régimen subsidiado y como cabeza de familia aparecen delincuentes como alias Gonzálo, Enrique Marulanda, alias Rusbel o Rumba y el Zarco Aldinever; mientras que en Salud Capital, bajo las mismas condiciones, aparece Kendry Téllez Álvares alias Yako.
A diferencia de estos cabecillas criminales, alias Iván Máquez se inscribió en el sistema de seguridad social como cotizante. Estuvo vinculado a la Nueva EPS por un lapso de tres meses, entre marzo y junio de 2018, justamente la misma coyuntura que registró su fugaz paso por el Congreso, en una curul de paz, que dejó tirada para tomar de nuevo las armas.
Resulta particular la fechas de afiliación de los cabecillas de la Segunda Marquetalia. De acuerdo con los registros del Adres, los criminales más buscados del país estarán afiliados hasta el 31 de diciembre de 2999, un extensión que supera su propia vida, pero que advierte la consistencia de su vinculación al sistema subsidiado de salud.
Aunque no hay nada ilegal en la vinculación al régimen subsidiado de los criminales buscados por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay, no deja de ser indignante que mientras cientos de personas buscan una afiliación en este mismo régimen, por diferentes razones, como desempleo, los asesinos de la Segunda Marquetalia lo tiene garantizado.
El proceso por el asesinato de Miguel Uribe Turbay podría enredarse, incluso las investigaciones por otros atentados contra firmantes de paz en Bogotá y todo por cuenta de los “errores” de la Fiscalía en la solicitud de contumacia en contra de los cabecillas de la Segunda Marquetalia, el procedimiento para avanzar en los procesos, aun sin la presencia de los criminales en las audiencias.
La Fiscalía también ha sido blanco de críticas por el exceso de beneficios a implicados en el magnicidio, como ocurrió con el acuerdo firmado con Harold Barragán, señalado de contactar al menor usado en el crimen. El acuerdo con Elder José Arteaga, alias el Costeño o Chipi, cabecilla de la oficina de sicarios, también fue rechazado por las víctimas.
“¿Qué mensaje le enviamos a la sociedad si un coautor de un crimen de esta magnitud, con un rol de coordinación y planificación, recibe un beneficio que reduce su pena de una forma tan sustancial? Lejos de “aprestigiar la justicia”, este acuerdo la somete al escarnio público y fomenta la percepción de que, en Colombia, la justicia es negociable”, advirtió el abogado Víctor Mosquera, representante de víctimas.
No conseguir lo que parece tan obvio, demostrar que este grupo de criminales son prófugos de la justicia, es un asunto insólito, sobre todo cuando la Fiscalía tiene todas las posibilidades técnicas y humanas para confirmarlo. Mientras tanto, esos cabecillas pueden estar tranquilos porque de tener problemas de salud, su atención está garantizada gracias a los impuestos de los colombianos, incluso los de sus propias víctimas.