La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) dio a conocer que imputó a 8 exintegrantes del Ejército Nacional de Colombia por crímenes cometidos contra pueblos étnicos, comunidades campesinas y sus territorios en Nariño. Los hechos, ocurridos entre 2001 y 2012 en Tumaco, Ricaurte y Barbacoas.
De acuerdo con lo que ha informado la JEP, hubo un saldo de graves violaciones a los derechos humanos y lograron evidenciar la existencia de un patrón sistemático de violencia.
“La Sala de Reconocimiento de Verdad determinó que los crímenes no fueron hechos aislados, sino parte de patrones macrocriminales sistemáticos”, concluyó.
Asimismo, el tribunal precisó que las víctimas de estos hechos eran comunidades afrocolombianas, pueblos indígenas Awá y Eperara Siapidaara, pero también un grupo de campesinos que terminaron con afectaciones en su forma de vivir en este territorio.
En el expediente que se ha conocido, precisaron que durante más de 10 años hubo hechos de discriminación, persecución y violencia directa contra líderes sociales y comunidades.
“Las víctimas fueron señaladas como ‘guerrilleros’, ‘auxiliadores’ o ‘colaboradores’, derivando en homicidios selectivos, detenciones arbitrarias, torturas físicas y psicológicas”, documentó la JEP.
El tribunal señaló que una de las situaciones más graves ocurrió por el crimen de civiles que se habrían dado en unos falsos combates.
“El segundo patrón comprende asesinatos de miembros de Pueblos Étnicos y comunidades campesinas que fueron presentados ilegítimamente como bajas en combate para simular resultados operacionales”, señala la decisión.
La JEP indicó que hubo presiones en las unidades militares con el fin de poder mostrar resultados operacionales contra los grupos al margen de la ley.
“Se tradujo en una militarización intensiva del territorio y de la vida cotidiana de sus habitantes, sin consideración por las particularidades propias de ser un territorio mayoritariamente étnico”, advirtió.
De igual forma, señalaron que entre los años 2003 y 2012 hubo al menos 42 hechos de desplazamiento y confinamiento que afectaron a más de 16.000 personas que pertenecían a las comunidades antes mencionadas.
“Las aspersiones aéreas con glifosato fueron indiscriminadas, se hicieron sin consulta previa y generaron graves afectaciones a la vida, la salud, la seguridad alimentaria y al territorio”, concluyó la Sala.
En el documento que dio a conocer la JEP, se logra ver que fueron 72 hechos que no fueron amnistiables, que están relacionados con el conflicto armado, de los cuales el 78,6 % contaron con participación directa o indirecta del Ejército Nacional. También, dieron a conocer que hay un subregistro de estos casos.
Entre los ocho militares que fueron imputados, se encuentran comandantes, oficiales de inteligencia y coordinadores de redes. Ahora, deberán determinar qué hacer en medio de este proceso, pues si aceptan la responsabilidad, accederían a sanciones propias del sistema transicional o, de lo contrario, podrían tener hasta 20 años de cárcel.
“Estas conductas fueron calificadas como crímenes de lesa humanidad de asesinato, desaparición forzada, exterminio, traslado forzoso de población, tortura y persecución”, concluyó la JEP.