En un documento de 54 páginas quedó consignada la demanda que presentó la defensora del Pueblo, Iris Marín en contra de la resolución 327 de septiembre de 2025 por medio de la cual el Gobierno de Gustavo Petro designó a 16 excomandantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) como gestores de paz en medio de su proyecto de la paz total.
En la acción judicial, que deberá revisar el Consejo de Estado, se advierten graves falencias y reparos a los alcances de la mencionada designación. Esto al considerar que se afectan los derechos de las víctimas y los principios de protección cobijados por medio de la legislación que en 2005 creó Justicia y Paz tras la desmovilización de varios bloques paramilitares.
Uno de los puntos clave de la demanda tiene que con el poder que tendrán los excomandantes paramilitares -algunos de ellos privados de su libertad en los Estados Unidos- para el diseño de una política de aportes a la verdad y reparación a las víctimas. Borrando así de un plumazo lo consignado en Justicia y Paz; y los avances en los últimos 20 años.
“El acto demandado establece que los gestores de paz diseñarán y ejecutarán actividades de reparación y definirán una ‘ruta para la difusión pública de los aportes de verdad’”, advierte la Defensoría.
Sin embargo, esta llamada “ruta” no contará con una “supervisión judicial” y tampoco “inclusión y participación de las víctimas en el diseño de la implementación y evaluación de dichas actividades”.
En otro de los apartes del documento se señala la falta de soportes para la designación de estos excomandantes paramilitares - entre los que se encuentran Salvatore Mancuso, Jorge 40, Don Berna, Cuco Vanoy, El Alemán - como gestores de paz, puesto que ya hace más de 20 años se desmovilizaron, cumplieron sus penas privativas de la libertad y están en proceso de reparación de víctimas.
“La resolución no expone las razones de hecho y de derecho que justifiquen la aplicación de una figura legalmente prevista para diálogos con grupos armados existentes a exmiembros de una organización ya desmovilizada”, precisa la entidad al citar varios vacíos del documento firmado por la Oficina del Alto Comisionado de Paz.
“Tampoco motiva la necesidad, idoneidad y proporcionalidad de crear un mecanismo administrativo para evaluar el proceso de Justicia y Paz por fuera de las instancias judiciales y de los órganos de control competentes, ni define con claridad la naturaleza y el alcance de las funciones asignadas a los 16 gestores de paz”, agrega.
Finalmente, se señala que con lo consignado en la resolución se afecta considerablemente la credibilidad que tiene la sociedad en general frente a las garantías para el acceso a la administración de justicia pues “el poder ejecutivo legitima a los exmiembros de las AUC al tiempo que mina la autoridad moral del Estado y la confianza legítima de la ciudadanía en el imperio de la ley”.
Dicha situación, por elementales razones, va en contravía de los principios para la protección de los derechos a las víctimas de los grupos paramilitares en diversas regiones del país, que por dos décadas han esperado una reparación económica por los daños causados durante el conflicto.
“La víctimas directas de la violencia paramilitar, que han esperado por décadas una reparación integral que no llega, verán a sus victimarios elevados a un rol de interlocución con el Estado, sin que medie un proceso de reparación efectivo y sin su participación, lo que constituye una afrenta a su dignidad y un retroceso sobre la aflicción renovada de quienes ya han sufrido lo indecible”, advierte la Defensora del Pueblo.