Un juez de control de garantías ordenó este lunes, 29 de diciembre, la libertad inmediata de tres personas que estaban vinculadas a la investigación por presuntas irregularidades en un contrato de mantenimiento de la flota de helicópteros MI-17 del Ejército Nacional.
La decisión, adoptada en audiencia reservada, marca un nuevo capítulo en uno de los procesos por contratación militar que mayor atención ha tenido en las últimas semanas.
Los liberados son el coronel Julián Ferney Rincón Ricaurte —quien llegó a estar detenido en el Fuerte Militar de Tolemaida—, el exsecretario general del Ministerio de Defensa, Hugo Alejandro Mora Tamayo, y el exasesor Diego Alejandro Manrique Cabezas. La jueza que conoció el caso consideró que no concurrían las condiciones legales para imponerles medida de aseguramiento privativa de la libertad.
El proceso se originó por un contrato cercano a los 32 millones de dólares, adjudicado para el mantenimiento de helicópteros rusos MI-17 que prestan servicio en el Ejército Nacional. El Ministerio de Defensa declaró el incumplimiento del convenio por parte del contratista, Vertol Systems Company, una firma extranjera vinculada a la operación del mantenimiento de estas aeronaves.
Según lo expuesto por la Fiscalía durante las audiencias, el contrato contempló un anticipo equivalente al 50 % de su valor, superior a los 16 millones de dólares.
De acuerdo con el ente acusador, las actividades ejecutadas hasta ahora corresponderían a un monto cercano a los 2,6 millones de dólares, lo que dejaría un saldo pendiente de reintegro superior a los 13 millones de dólares.
En la diligencia judicial, la Fiscalía presentó los cargos y describió los presuntos roles que habrían desempeñado los investigados en la etapa precontractual y en la certificación de la idoneidad del contratista.
En el caso del coronel Julián Ferney Rincón Ricaurte, el ente acusador señaló que habría participado en la ampliación de plazos para la presentación de cotizaciones y en la validación de la experiencia técnica de Vertol Systems, pese a que el comité evaluador había descartado previamente a ese oferente.
Sin embargo, la jueza que negó la medida de aseguramiento estimó que la Fiscalía no aportó elementos probatorios suficientes para justificar la privación de la libertad de los tres investigados mientras avanza la investigación.
Entre los argumentos expuestos se indicó que los procesados no representan un peligro para la sociedad, no registran antecedentes penales y no existen indicios de que puedan obstruir la administración de justicia. Por estas razones, fueron dejados en libertad, aunque continúan formalmente vinculados al proceso.
La Fiscalía ha señalado que evalúa la posibilidad de interponer recursos, entre ellos, una apelación ante las decisiones adoptadas en control de garantías.
En paralelo, los entes de control mantienen actuaciones en curso: la Procuraduría General de la Nación abrió una indagación disciplinaria para establecer eventuales responsabilidades administrativas, mientras el expediente sigue bajo seguimiento institucional.