El Tribunal Administrativo de Cundinamarca condenó a la multinacional Odebrecht por los daños que sufrió la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) por los hechos de corrupción que llevaron a que se terminara de manera anticipada el contrato de la Ruta del Sol II.
En el fallo se determinó que el millonario contrato de obra que estaba en ejecución en el norte del país tuvo que finalizar abruptamente tras estallar, en 2016, el escándalo de corrupción que salpicó a Odebrecht.
La Sección Tercera, con ponencia del magistrado Franklin Pérez Camargo, determinó que se presentaron actuaciones fraudulentas desplegadas por la Concesionaria Ruta del Sol S.A.S. en Liquidación, Estudios y Proyectos del Sol S.A.S. en liquidación, Odebrecht Latinvest Colombia S.A.S. liquidada, Constructora Norberto Odebrecht S.A. en liquidación y Gabriel Ignacio García Morales, exgerente del extinto Instituto Nacional de Concesiones (Inco).
Esto con el fin de obtener la adjudicación del proyecto y favorecer posteriores modificaciones contractuales. Por ello, dado que la pretensión de reparación directa se alegó por la entidad, el análisis se realizó conforme al derecho civil.
Frente a esto, el Tribunal Administrativo encontró acreditados los actos de corrupción relacionados tanto con la adjudicación como con la modificación del proyecto. Para esto, se citaron los fallos judiciales que existen en contra de Gabriel Ignacio García Morales por el movimiento de millonarios sobornos para la adjudicación del contrato de la Ruta del Sol II.
La Corporación declaró responsables a la Concesionaria Ruta del Sol S.A.S., Estudios y Proyectos del Sol S.A.S., Odebrecht Latinvest Colombia S.A.S., Constructora Norberto Odebrecht S.A. y Gabriel Ignacio García Morales, al considerar que tuvieron una participación determinante en los hechos que dieron lugar al daño. En contraste, concluyó que no existían elementos para imputar responsabilidad a CSS Constructores.
Por esto, el Tribunal Administrativo le ordenó a los responsables indemnizar a la ANI con más de 3.693 millones de pesos por los perjuicios ocasionados, limitados al valor del contrato de consultoría para la estructuración del nuevo proyecto. Distribuyó la reparación de manera proporcional según el grado de participación de cada demandado en los hechos de corrupción que rodearon la concesión Ruta del Sol.
En 2017, el exdirector del Inco y exviceministro de Transporte, Gabriel García Morales, fue sentenciado a 62 meses de prisión después de que aceptara mediante un preacuerdo su responsabilidad en los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y cohecho impropio.
En este caso reconoció haber recibido 65 millones de dólares de la firma constructora Odebrecht, en contraprestación por la adjudicación del contrato de construcción de la Ruta del Sol II.
García Morales reconoció haber movido influencias en el Congreso y con varios empresarios para que se adjudicara el proyecto vial al consorcio conformado, en su mayor porcentaje, por Odebrecht.
En dicho preacuerdo, Gabriel García Morales se comprometió a servir como testigo en distintos procesos penales contra funcionarios y dirigentes políticos que habrían recibido sobornos como promesa remuneratoria para favorecer con contratos a la empresa multinacional brasileña.