“Me preguntaron y luego me hicieron un tacto, aseguraron que no había problema, hasta que llegó la Policía”, dijo la joven al recordar el momento exacto de cómo inició la peor etapa de su vida, el mismo instante en que descubrieron, por su silencio, que se practicó un aborto. Su testimonio coincide con los datos recopilados por la misma Fiscalía y que advierten cómo el 79 por ciento de las denuncias contra mujeres por la interrupción de su embarazo llegan mediante las EPS.
“Me puse a llorar y las enfermeras me dijeron que no me preocupara y que podía seguir adelante con mi vida, pero en ese mismo momento le estaban avisando a la Policía”, recuerda Camila, como prefiere que la llamen por seguridad. “Les dije que era un cólico, ellos me reprocharon que era un aborto inducido, en ese momento la atención y el señalamiento fueron terribles, celadores, enfermeras, médicos, lo decían en voz alta y hasta los otros pacientes se enteraban”. Tuvo que enfrentar como una tormenta, de manera simultánea, el aborto, la estigmatización y el lío jurídico que se le vino encima.
Camila llegó el 27 de noviembre de 2019 a un centro médico en la ciudad de Cali, había tomado unas pastillas que le recomendaron al enterarse de que estaba embarazada en un momento difícil de su vida. Tuvo una hemorragia fuerte que la obligó a trasladarse a un hospital. “Pensé que el tema no iba a salir de ahí, pero un año después me llamaron de la Fiscalía”.
Cuando llegó la Policía, las frases de consuelo que las enfermeras le dijeron al oído se convirtieron en advertencias de la gravedad del momento. A Camila le anticiparon, sin que ella reconociera el aborto, que era responsable de un delito que en Colombia se castigaba con cárcel. “Dije que no me quería ir presa, pero todos, policías, médicos y enfermeras, me interrogaron, no dije nada y asumieron el silencio como una aceptación”.
Un informe que conoció SEMANA y que remitió la Fiscalía a la Corte Constitucional en 2020, en el marco de la demanda de despenalización del aborto, indica que el histórico de casos en el ente acusador incluye más de 5.500 investigaciones, la mayoría en indagación y otras en juicio. Son más de 250 mujeres condenadas por el delito de aborto, actualmente hay tres privadas de la libertad.
Camila recuerda que la Policía escribió una versión de los hechos y le dijeron que se podía ir. Pensó en olvidarse de la situación, seguir adelante con su vida, pero el interrogatorio de los médicos y policías, un año después, se convirtió en una investigación formal.
“La Fiscalía llamaba día por medio… cada llamada era para llorar, duraba todo el día pensando qué podía decir, en qué problema estaba metida, por qué los médicos violaron el secreto profesional. Sufrí de depresión, estaba desesperada”, cuenta Camila en entrevista con SEMANA.
La investigación en su contra arrancó tres años después de que la Fiscalía expidió la directiva (006 de 2016) en la que el fiscal general fijó las condiciones para inadmitir denuncias por el delito de aborto, entre otras, que “se basen en información obtenida con la violación del secreto profesional”, aun así la investigación se abrió y Camila se convirtió en indiciada.
“Llegaban las citaciones… llegaban los correos, tenían que entregar justificaciones. El número ya lo tenía identificado y cuando aparecía en el teléfono me temblaban las manos, lloraba todo el día. Yo decía: Dios mío, me voy presa, qué hago, mi familia me va a juzgar”, cuenta, mientras recuerda el momento en que tuvo que hacer público lo que era un secreto.
El informe sobre la criminalización del aborto en Colombia que desarrolló, en 2020, Causa Justa –colectivo que ha liderado la demanda ante la Corte Constitucional– es un mapa de cómo la Justicia y en general el Estado se enfrentó a las mujeres que tomaron la decisión de abortar, como Camila y otras 80 menores de edad.
Esa es una de las justificaciones de las demandas presentadas en la Corte Constitucional, el aborto se había constituido en un delito de género, solo las mujeres podían llegar a la cárcel por esta práctica si se realizaba fuera de las tres excepciones que plantea la norma: violación, grave enfermedad y riesgo de vida del feto o riesgo para la salud de su mamá.
“Mi familia es muy religiosa y pensé me van a juzgar, ahora sí, se destapó la olla… Lloraba a toda hora, en la noche, en la madrugada, incluso me tocó ir al psicólogo. Ya no aguantaba, siempre que me llamaban me desestabilizaban”, recuerda Camila mientras trata de entender cómo la Fiscalía dedicó tanto tiempo a su caso, cuando otros gozan de impunidad.
Abogados y expertos que se han enfrentado a la Fiscalía en este tipo de casos coinciden en advertir que el ente acusador ignoró su propia directiva a la hora de estudiar este delito, máxime cuando se atenta contra otros derechos como la intimidad. “En los casos que existe de por medio una historia clínica, la reserva de la información debe mantenerse, incluyendo la inviolabilidad del secreto médico, los fiscales acudían no solo a la historia, sino a la declaración del médico para impulsar su caso”, dijo el abogado Carlos Julio Quintana.
La investigación de la Fiscalía en el caso de Camila avanzó y el miedo a terminar en la cárcel la persigue dos años después de abortar. Las llamadas, correos y advertencias la obligaron a confesarse en la sala de su casa y frente a su familia, aun con el riesgo de resultar capturada.
“Nunca pensé que la Policía y la Fiscalía fueran a llevar las cosas a ese extremo (…), sentía rabia porque confié en los médicos. Jamás pensé que en mi vida me iba a pasar esto (…), cambió mi vida familiar”, dice Camila mientras trata de entender cómo la puede beneficiar la decisión de la Corte Constitucional.
La misma duda seguramente la tendrán quienes se encuentran en la condición de Camila. Más de 5.181 indiciados, no solo mujeres, hombres y hasta médicos que resultaron judicializados por abortos inducidos. De esos investigados, al menos 34 permanecen privados de la libertad, según el Inpec.
Para Camila, son dos años huyendo sin ser prófuga, sin una orden de captura, pero con una persecución telefónica, virtual y judicial que la mantiene en el anonimato, mientras guarda y marca con asteriscos los números que usa la Fiscalía para recordarle que su decisión, la misma que ahora defiende la Corte Constitucional, estuvo por llevarla a la cárcel.
Para tranquilidad de Camila, según el abogado Quintana, las personas procesadas por aborto podrán pedir una revisión de su condena y, en caso de estar investigadas, solicitar la preclusión por atipicidad, básicamente porque ya no es delito. “La actividad de la Fiscalía es intimidante, las revictimizan, hacen su caso público y a toda costa buscan su declaración y, con ese mismo testimonio, una condena”, puntualiza.
Criminalización del aborto
- 5.737 - Investigaciones
- 4.754 - Indagaciones
- 450 - Ejecución de penas
- 102 - En juicio
- 346 - Condenados
- 315 - Capturas en flagrancia y 4 órdenes de captura
- 61,7 % - Son mujeres
- 21,2 % - Son hombres
- 25 - Médicos
- 988 - Menores de edad
Fuente: La criminalización del aborto en Colombia, La Mesa por la Vida, Causa Justa y Foro de Mujeres y Desarrollo.