Un convenio interadministrativo del Ministerio de Transporte desató una guerra entre universidades públicas de Colombia. La cartera, a través de Lina Huari Mateus, viceministra de Transporte (e), le entregó a la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (Unad) la implementación, puesta en funcionamiento, operación y administración de los Centros de Apoyo Logístico de Evaluación (Cale) en todo el territorio nacional por 20 años.
Los Cale tendrán a su cargo el nuevo proceso de evaluación teórico y práctico de aptitudes para la obtención de una licencia de conducción o su recategorización. El requisito, que viene siendo formulado desde 2017, exige que este proceso esté a cargo de instituciones de educación superior (IES).
En 2025 se aceleró el proceso de entrada en vigencia del requisito desde el Ministerio de Transporte y en octubre recibió manifestación de interés de diez instituciones, entre ellas la Universidad Surcolombiana.
Sin embargo, el Ministerio de Transporte descartó a todas las demás y se decantó por la Unad, asegurando que su esquema garantiza “la aplicación del examen en todo el territorio nacional, bajo un estándar uniforme”.
Pese a las respuestas y reclamos de las instituciones ante el análisis de las ofertas, e incluso advertencias y denuncias de posible direccionamiento, el 31 de diciembre de 2025, a las siete de la noche, se firmó el contrato con la Unad.
SEMANA conoció que Rubén Darío Valbuena, rector de la Universidad Surcolombiana, tiene lista una acción de tutela contra el Ministerio de Transporte por presuntas irregularidades en la entrega del contrato y pide revocar la adjudicación para ampliarlo a múltiples instituciones, incluso señalando al proceso de “arbitrariedad administrativa”.
Se trata de unos exámenes cuyos precios estarán en aproximadamente 113.000 pesos para la evaluación teórica y entre 445.000 y 508.000 pesos para la prueba práctica, sin incluir otros rubros estipulados en la norma, como el Sicov.
La Surcolombiana calculó, mediante una proyección de aproximadamente un millón de exámenes por año, que se trata de un negocio que implicaría el manejo de 20 billones de pesos, con una posible ganancia para la universidad de 5 billones de pesos en 20 años. La institución argumenta que, pese a que el Ministerio prometió en etapas tempranas que se iba a regionalizar el contrato y que varias instituciones podrían hacerse cargo de los Cale, “al otorgar la operación a una sola IES se instauró un monopolio de facto”.
Los señalamientos
Las críticas recaen en la viceministra de Transporte, quien estuvo encargada del manejo de todo el proceso, incluidas las mesas técnicas previas al inicio y la adjudicación. Se habla dentro del documento de una “desviación de poder para favorecer a un solo actor administrativo” y la creación de una “trampa” para direccionar el contrato a través de mecanismos opacos y criterios incluidos al final.
De acuerdo con los argumentos de la Surcolombiana, se le negó durante el proceso “sistemáticamente” el acceso a la información. Resaltó que no hubo una publicación cronológica en el Secop, no se les dio respuesta a derechos de petición y se “omitieron” mesas técnicas obligatorias. “Se aniquiló el derecho de publicidad y contradicción, configurando una ‘emboscada’ jurídica para favorecer a un tercero”, agregó.
Incluso se cuestionó que la viceministra Huari actuó en “soledad administrativa” en el proceso, siendo la única firmante.
“O bien la funcionaria, en un acto de opacidad a puerta cerrada, redactó el documento para forzar la continuidad del proceso sin consultar a los equipos técnicos, o lo que resulta aún más alarmante, existió una reserva y negativa de los funcionarios y contratistas del Ministerio a suscribir un documento que incorpora tantas y tan graves violaciones a la norma”, expresó el rector Valbuena en la tutela.
Y dice que la Surcolombiana se ve directamente afectada porque en este proyecto se debatía “la supervivencia de la capacidad de inversión” de esta, “generando un daño económico cierto, directo y de magnitudes históricas”.
Frente a la elegida, el texto resalta que no tenía una mejor oferta y que no es idónea para operar los Cale por no contar con la presencia nacional necesaria.
De acuerdo con la tutela, en el texto del contrato “la Unad se obliga formalmente a la adquisición de treinta y dos (32) predios para la construcción de los 32 Cale. Este compromiso contractual es la prueba reina de que la institución carece de infraestructura disponible y apta para albergar siquiera un solo Cale, los cuales exigen áreas de maniobra específicas y rigurosas”.
Además, asegura que mientras ellos ofrecieron 56 Cale en 23 meses y 187 puntos de evaluación teórica en tres meses, la Unad solo ofreció 32 Cale en 27 meses y 31 puntos de evaluación en siete meses, quedando algunas de las jurisdicciones sin cobertura.
En otro aparte, cuestiona la veracidad de las locaciones que ellos ofertaron: “El Ministerio incurrió en un error de hecho al validar 73 ‘sedes’. Según el reporte oficial del SNIES, la Unad cuenta con centros tutoriales en 11 departamentos”.
Asimismo, duda de la calidad de la Unad, pues afirmó que no había evidencia para determinar que se les renovó el certificado de alta calidad, que tenía vigencia hasta el 29 de diciembre de 2025 y es un requisito habilitante.
Ramiro Díaz, vicerrector administrativo de la Surcolombiana, le contó a SEMANA detalles de la tutela que se interpondrá.
“Necesitamos que evalúen nuevamente el procedimiento. Consideramos que la universidad que fue escogida no tiene la mayor propuesta. La idea es que reevalúen y que nos den participación a las universidades que cumplimos”, dijo.
Frente a los señalamientos y denuncias que ha recibido el convenio interadministrativo recibido por la Unad, Leonardo Sánchez Torres, vicerrector de Relaciones Intersistémicas e Internacionales de esa institución, defendió la transparencia del proceso y la idoneidad que tienen.
“El Ministerio de Transporte pedía 31 sedes a nivel nacional para hacer el examen teórico y el práctico. Se encontró que la Unad podía acreditar una cobertura nacional real, respaldada en 73 sedes, con presencia en el 98 por ciento del territorio. Somos la única. Con base en ese análisis, la cartera concluyó que cumplíamos con todos los requisitos de ley”, manifestó el vicerrector en SEMANA.
Y agregó: “No hubo ningún direccionamiento. La Unad participó en franca lid, como lo hicieron otras universidades”.
Frente a la supuesta posible desacreditación de la institución, la universidad asegura que se encuentran en proceso de renovación y desmiente que se les haya retirado el certificado de alta calidad, un requisito habilitante del proceso.
“La universidad inició su trámite de reacreditación institucional de alta calidad en los términos del Ministerio de Educación. Estamos a la espera del acto administrativo que formalice la renovación”, sostuvo.
Además, menciona que ya fueron negadas una acción de tutela y una acción popular contra la Unad, que pretendían detener el proceso por razones similares a las presentadas por la Surcolombiana.
SEMANA intentó contactar a la viceministra Lina Huari, pero hasta el cierre de esta edición no contestó a los llamados.
Dos universidades públicas se enfrentan por un billonario negocio que garantizaría un importante e inédito flujo de recursos. El fondo de la tutela de la Surcolombiana es que se le incluya dentro del proceso, junto con otras instituciones, con el fin de poder participar de él. Esto implicaría, si se le da la razón, la suscripción de un nuevo contrato.
SEMANA conoció que otras instituciones participantes estarían preparando distintas acciones legales para que se replantee el convenio.