El magistrado Miguel Polo Rosero presentó una ponencia en la que pide salvar, con algunas salvedades, la emergencia económica que decretó el Gobierno del presidente Gustavo Petro para atender las inundaciones que se presentaron en la costa Caribe y en Antioquia.
El próximo miércoles, 24 de junio, los nueve magistrados de la Sala Plena de la Corte Constitucional se reunirán para definir la suerte de la segunda emergencia económica que declaró Petro para atender las emergencias que provocaron las inundaciones en Colombia.
El magistrado Miguel Polo Rosero, ponente del caso, ya presentó la ponencia que han venido analizando sus colegas de la Sala Plena, para que tomen una decisión de fondo sobre la viabilidad de ese decreto que expidió el Gobierno Petro, días después de que la Corte suspendió la primera emergencia económica que se expidió tras el hundimiento de la reforma tributaria.
La emergencia económica tenía como propósito atender a las más de 200.000 personas que resultaron afectadas en departamentos como Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar y Magdalena.
Tras los millonarios recursos que buscaba el Gobierno recaudar, la Contraloría le pidió al Gobierno nacional los soportes necesarios para justificar los 8 billones de pesos que pretendía recoger, para atender a las miles de personas que terminaron afectadas por la emergencia.
A su turno, el procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, ha pedido a la Corte que avale el decreto, considerando que cumplió con varios requisitos por la situación extraordinaria que dejó miles de personas afectadas y más de 100 municipios esperando atención urgente.
“Es claro que los hechos relacionados con las lluvias excepcionales propias del frente frío de principio de año, así como las múltiples inundaciones registradas, causaron efectos graves e inminentes en el orden económico, social y ecológico de los territorios objeto de la declaratoria”, dijo el procurador a la Corte.