Mauricio Pava, quien fue hasta hace poco abogado del presidente Gustavo Petro, y la Fundación DILO Colombia le solicitaron formalmente al Consejo de Estado que valoren los nuevos hechos de violencia y el crimen del periodista Mateo Pérez para que suspenda provisionalmente la resolución del Gobierno Petro que creó zonas de ubicación temporal para el Clan del Golfo en Belén de Bajirá y Unguía, en Chocó, y Tierralta, en Córdoba.
La solicitud, dirigida al magistrado Carlos Fernando Mantilla, alertó que las recientes situaciones de violencia en esa región del país, incluido el asesinato del periodista Pérez, evidencian un riesgo jurídico, institucional y de seguridad que ha sido advertido desde el año 2022 frente a la entrega de territorios a grupos armados ilegales.
El recurso también destacó que esos espacios han sido “legalizados” con la implementación de dichas zonas temporales sin una ley de sometimiento que haya sido aprobada por el Congreso y sin “garantías suficientes” tanto para los habitantes que viven en la región como para las autoridades locales que operan en esos sectores.
En la petición también recordaron que la sentencia C525 de 2023 de la Corte Constitucional condicionó específicamente la creación de ese tipo de zonas de ubicación sin que exista, de manera formal, una ley de sometimiento y una etapa judicial avanzada del proceso correspondiente.
El abogado Mauricio Pava expresó que “en 2022 le advertimos a Iván Cepeda y al equipo de Isabel Zuleta que no se podían entregar territorios sin una ley de sometimiento, sin reglas claras. Están matando a las personas. Le pedimos hoy al Consejo de Estado que tome una determinación frente a las zonas de ubicación temporal. No puede haber territorios donde no sea la autoridad del Estado la que esté rigiendo”.
El recurso también precisó que los accionantes han presentado varios derechos de petición a alcaldes de municipios impactados por dicha resolución, para establecer si hubo coordinación efectiva con autoridades locales y si el Gobierno nacional brindó todas las garantías institucionales y de seguridad para implementar dichas zonas.
Pero esos derechos se quedaron sin respuesta y, para los demandantes, hay fuerte indicio de que el “silencio institucional” en ese tipo de territorios, que tienen una fuerte presencia armada de ilegales, constituiría una posible falta de garantías y presión ejercida en esas regiones.
El Consejo de Estado tendrá que analizar dicha petición contra la resolución que, según los accionantes, podría comprometer principios fundamentales como la separación de poderes, la supremacía constitucional, la libertad de prensa y la vigencia efectiva del Estado.