Para el presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Alejandro Ramelli, con los dos proyectos presentados ante el Congreso para revisar el presupuesto de dicho tribunal, lo único que se está buscando es quitarles autonomía a sus funciones y afectar el avance de los procesos.
Por esto, en la antesala de la rendición de cuentas de la JEP, el magistrado Ramelli aseveró que pondrá en conocimiento de organismos internacionales esta situación, con el fin de evitar la desfinanciación.
“Lo digo claramente, nosotros hacemos lo que hacen seis entidades del Estado colombiano. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros investigamos como la Fiscalía, juzgamos como la Rama Judicial, tenemos que verificar el cumplimiento de nuestras sentencias, como lo hacen los jueces de ejecución de penas. Además, tenemos que, de nuestro presupuesto, brindarles seguridad a las víctimas y comparecientes. Esquemas de seguridad los pagamos nosotros. Todo eso queda desfinanciado”, dijo Ramelli.
“Pero además de eso, tenemos que garantizarles su defensa. Tenemos una defensoría pública. Todo eso queda desfinanciado. Y, además de eso, les brindamos apoyo psicosocial a víctimas y comparecientes. Todo eso va a quedar desfinanciado. Ese es el ataque contra la jurisdicción”, añadió.
En este punto aseguró que, para que las sentencias que se han emitido hasta la fecha y las decisiones de fondo frente a la reparación de las víctimas sean una realidad, se debe contar con el apoyo del Gobierno nacional.
“Para que las sentencias de la JEP se puedan cumplir, el Gobierno nacional tiene que cumplir. Nosotros sacamos las sentencias, pero quien tiene que financiar las sentencias es el Gobierno nacional, quien tiene que tener los proyectos es el Gobierno nacional, quien tiene que citar la instancia de articulación es el Gobierno nacional y no lo ha hecho. Entonces, la ejecución de las sentencias es también responsabilidad del gobierno nacional”, reseñó Ramelli.
“Si las sentencias no se pueden cumplir, es responsabilidad del Gobierno nacional. El monitoreo. Ustedes saben que va a ser un año; el Consejo de Seguridad decidió quitarle la función a la misión de verificación y monitoreo de nuestras sentencias”, aseveró el magistrado.
Por esto, finalmente, se cuestionó que, en todo lo que han dicho los organismos internacionales encargados de vigilar la aplicación del Acuerdo de Paz, han reconocido las acciones adelantadas en los últimos años.
“¿Será que todo el mundo está equivocado? ¿Será que todo el Consejo de Seguridad está equivocado? ¿Será que toda la Corte Penal Internacional está equivocada? ¿Será que todo el mundo está equivocado? ¿Será? Y dice que la oficina del fiscal apoya plenamente a la JEP y manifestó su interés en conocer la experiencia de la JEP. La Corte Penal Internacional quiere saber cómo funcionamos. ¿Será que lo hacemos tan mal? ¿Que la comunidad internacional quiere aprender? ¿Será que estamos haciendo tan malas cosas?“, expresó Ramelli.