SEMANA conoció en primicia la investigación disciplinaria que la Procuraduría General de la Nación le abrió a la directora de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla), Irene Vélez, por las emergencias que provocaron las inundaciones de la cuenca del río Sinú en febrero de este año.
El documento de 13 páginas en poder de esta revista revela que el proceso disciplinario también tiene en la mira a Camilo Alexander Rincón, subdirector de Seguimiento de la Anla; Libardo Yanod Márquez, superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios; Omar Camilo López, superintendente delegado de Energía y Gas; Orlando Medina, director de la CAR en los Valles del Sinú y del San Jorge; Enrique Kerguelén, presidente (e) de la empresa Urraca; y Juan Acevedo, expresidente de la misma entidad.
El proceso inició cuando la procuradora delegada con funciones mixtas 3 adelantó una actuación preventiva para recopilar información sobre el Proyecto Hidroeléctrico Urrá I, en la que se halló que “la emergencia por inundaciones en la cuenca del río Sinú durante febrero de 2026 no puede considerarse un evento puramente natural e imprevisible. Los hechos y la evidencia documental apuntan a que fue la materialización de un riesgo conocido, debido a una práctica aparentemente sistemática”.
La Procuraduría reveló una presunta operación negligente y con incumplimientos en el Plan de Manejo Ambiental por parte de la empresa Urrá S. A., lo que habría desencadenado una infracción a la regla de operación de la represa hidroeléctrica. Esto, según el ente de control, debió generar priorización sobre la generación de energía eléctrica y la regulación de los caudales para evitar inundaciones.
La Procuraduría aseguró que “esta negligencia se habría manifestado en la operación recurrente del embalse por encima de la Curva Guía Máxima establecida por la Comisión Nacional de Operaciones (CNO), la superación de caudales máximos de descarga autorizados y una presunta ineficacia y falta de soportes en la implementación de los Planes de Gestión del Riesgo”.
Esa presunta omisión en el deber de vigilancia, control y aplicación del principio de prevención, así como el seguimiento por parte de la Anla, habría ocasionado una intervención tardía y reactiva frente a los incumplimientos sistemáticos que se estarían presentando en ese sector.
Por eso, el ente de control dejó en evidencia que hay “indicios de presunta omisión o falta de celeridad en la implementación de acciones correctivas y sancionatorias por parte de funcionarios de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, quienes, con base en su propio monitoreo, habrían tenido conocimiento de irregularidades significativas en la operación de Urrá”.
El auto de apertura de la investigación, firmado por el procurador delegado disciplinario de instrucción 2, explicó que Irene Vélez. y el subdirector de la Anla, Camilo Rincón, habrían omitido el deber de control y seguimiento frente al presunto incumplimiento de la Curva Guía Máxima que debía ser acatada por la empresa Urrá desde 2024.
Asimismo, expusieron que la exministra del Gobierno Petro también estaría vinculada en un “presunto retraso de la autoridad ambiental en expedir el Auto 11905 del 30 de diciembre de 2025, dado que el Consejo Nacional de Operación (CNO) actualizó los parámetros técnicos de los volúmenes del embalse Urrá mediante el Acuerdo 1564 del 2 de junio de 2022”.
Por su parte, los superintendentes de Servicios Públicos Domiciliarios y de Energía y Gas, Libardo Yanod y Camilo López, respectivamente, habrían omitido sus obligaciones de vigilancia y control sobre las operaciones de Urrá. La Procuraduría tendrá que definir si lleva a juicio disciplinario a los funcionarios involucrados en la investigación.