A pocos días de las elecciones legislativas, el procurador general, Gregorio Eljach, le envió una carta al ministro del Interior, Armando Benedetti, para que modifique un decreto que cobija a los funcionarios del Ministerio Público.
La misiva tiene como asunto “Reiteración de solicitud de inclusión del Ministerio Público en la excepción del uso de teléfonos móviles durante la jornada electoral”.
En este punto se advierte que ya se ha hecho la petición varias veces sin que se obtenga una respuesta satisfactoria.
“Con profunda preocupación observo que a tres días de las elecciones aún persiste la exclusión impuesta por el Decreto 0188 de 2026 en su artículo 14, en relación con la limitación del uso de celulares por parte de servidores del Ministerio Público”, indicó el procurador general.
Esta situación, a contadas horas de la apertura de las urnas, genera una gran preocupación puesto que los funcionarios del organismo de control disciplinario van a estar presentes en todo el territorio nacional durante la jornada de votación.
“Lo que se constituye en una injustificada limitante para el ejercicio de la vigilancia que constitucionalmente nos corresponde”, enfatiza la carta.
Por esto, pidió que se atienda la solicitud de manera inmediata y se modifique lo establecido en el mencionado decreto.
“Agradezco que con urgencia se tomen los correctivos en aras de garantizar el pleno ejercicio de nuestra competencia”, añadió.
En la mañana de este jueves, y durante dos horas y media, se realizó una reunión en el Palacio de Justicia, en el centro de Bogotá, con el fin de analizar las garantías para la realización de las elecciones del próximo 8 de marzo.
En el encuentro participaron Hernán Penagos, registrador nacional; Carlos Hernán Rodríguez, contralor general; Gregorio Eljach, procurador general, e Iris Marín, defensora del Pueblo.
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Iván Mauricio Lenis, dio un parte de tranquilidad sobre la realización de las votaciones y los escrutinios.
“Una de las conclusiones de la reunión es la confianza que existe en el proceso electoral y las personas que lo supervisan”, aseveró el magistrado Lenis Gómez.