La Procuraduría General de la Nación le envió una seria advertencia al director del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), Jorge Eduardo Londoño, por los riesgos que habrían detrás del contrato por más de 192.000 millones de pesos por el servicio de vigilancia y seguridad privada para las instalaciones de las zonas 1, 2, 3, 4 y 5 de la entidad.
El documento de 27 páginas firmado por el procurador delegado para la Vigilancia de la Función Pública, Marcio Melgosa, alerta posibles situaciones en la supervisión y control del contrato, en principios de selección objetiva, libre concurrencia, transparencia, igualdad, entre otros conceptos.
El procurador explicó que en este millonario negocio, el director Jorge Londoño delegó la ordenación del gasto para contratar seguridad privada en los directores regionales que adelantan los procesos contractuales en las cinco zonas del país, pero ese encargo “no lo releva de su deber de vigilar y velar porque los procesos se ajusten a los principios de la función administrativa”.
Por lo que le pidió reforzar los lineamientos para evitar restricciones indebidas en las condiciones de participación, ejercer control en la estructuración de los pliegos y le recordó su obligación de prevenir riesgos de configuraciones restrictivas del mercado.
La Procuraduría también advirtió “un patrón reiterado en la estructuración de los requisitos del personal, caracterizado por la posible incorporación de exigencias acumulativas, altamente específicas y no necesariamente indispensables para la ejecución del objeto contractual”.
Para el ente de control, el Sena “no se limita a definir condiciones de idoneidad”, sino que por medio de requisitos como la formación académica, certificaciones técnicas, experiencia específica, antecedentes institucionales y condiciones de vinculación laboral, que generan un estándar muy elevado para quienes pretenden participar en la licitación.
“Esta forma de estructuración podría desbordar la finalidad de los requisitos habilitantes, los cuales deben orientarse exclusivamente a verificar la capacidad real del proponente para ejecutar el contrato, y no a restringir los posibles participantes”, indicó el procurador Melgosa.
Otra de las advertencias tiene relación con las posibles vulneraciones que se podrían presentar a los principios de contratación estatal para definir los requisitos habilidades y los factores que examina el equipo de trabajo.
La Procuraduría también ha recibido un número significativo de quejas y manifestaciones de interesados en el contrato que supera los 192.000 millones de pesos, sobre una posible restricción que se estaría dando en el principio que garantiza que cualquier persona o empresa pueda participar en el proceso de licitación.
El ente de control detectó posibles restricciones en algunos perfiles que se habrían derivado de la acumulación de exigencias que no serían necesarias o que ni estarían directamente relacionadas con las funciones a desempeñar.
La alerta también evidencia que en los requisitos técnicos fueron incluidos como factores a analizar dentro del componente de calidad, lo que dejaría una “problemática” en la medida que los requisitos iniciales deberían tener condiciones mínimas necesarias para la ejecución del contrato.
El documento también aclaró que existiría “la ausencia de parámetros homogéneos o de una justificación técnica diferenciada que compromete no sólo el principio de planeación, sino también el de igualdad, al no evidenciarse una estructuración integral y consistente de la necesidad”.
Ahora el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) y su director, Jorge Eduardo Londoño Ulloa, tendrán que analizar estas serias advertencias de la Procuraduría para tomar decisiones frente al multimillonario negocio que ha venido adelantando para contratar seguridad privada en varias instalaciones de la entidad.