El escándalo por la fallida licitación de seguridad privada del Instituto Distrital de Recreación y Deporte de Bogotá (IDRD), revelado por SEMANA, ahora llegó a la Procuraduría General de la Nación.
SEMANA conoció que la Procuraduría Primera Distrital de Instrucción de Bogotá decidió abrir una actuación preventiva para hacer seguimiento al proceso de adquisición del servicio de vigilancia y seguridad privada del IDRD, adelantado a través del Mercado de Compras Públicas (MCP), administrado por la Bolsa Mercantil de Colombia (BMC).
La millonaria licitación del IDRD para contratar el servicio de seguridad privada, valorada en más de $ 140.000 millones, fue suspendida tras las denuncias presentadas por el gremio de seguridad privada. Los empresarios alertaron sobre presuntas irregularidades en las condiciones del proceso, que —según las denuncias conocidas por esta revista— podrían favorecer a un único oferente y limitar la participación de otras compañías del sector.
La polémica creció luego de que SEMANA revelara los cuestionamientos alrededor del contrato, lo que llevó a la Alcaldía de Bogotá a pedir explicaciones y, como resultado, se suspendió temporalmente la licitación mientras se revisan los términos de la convocatoria.
En un oficio fechado el 16 de octubre de 2025, la Procuraduría explicó que asumió el caso luego de que la Bolsa Mercantil comunicara su decisión de no realizar la rueda de negociación convocada, argumentando “la ausencia de pluralidad de oferentes y la existencia de posibles contradicciones regulatorias entre las condiciones establecidas en la Ficha Técnica de Negociación (FTN) y las normas expedidas por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada”.
La Procuraduría citó a los representantes del IDRD y de la Bolsa Mercantil a una Mesa Técnica Preventiva este viernes, 17 de octubre a las 10:00 a. m., en el edificio Manuel Mejía (carrera 10 No. 16-82, piso 9), “con el propósito de exponer los hechos, actuaciones y fundamentos técnicos relacionados con la suspensión de la rueda de negociación mencionada”.
Según el documento, la mesa busca que las entidades involucradas informen detalladamente las actuaciones, antecedentes y medidas adoptadas, y que el Ministerio Público pueda “verificar los hechos, valorar los riesgos administrativos o jurídicos y definir, de ser necesario, la adopción de recomendaciones preventivas”.
La Procuraduría recordó, además, que los servidores públicos están obligados a atender los requerimientos de las autoridades y les advirtió que no pueden “omitir, retardar o no suministrar debida y oportuna respuesta a las solicitudes de las autoridades”.
El ente de control precisó que su actuación “tiene como objetivo anticiparse a la ocurrencia de hechos que puedan vulnerar los derechos de las personas o amenazar el adecuado ejercicio de la función pública”, y aclaró que el seguimiento “no implica coadministración ni injerencia en las decisiones administrativas o técnicas”.
Por ahora, el balón pasó a la Procuraduría, que vigilará de cerca cómo se juega este millonario proceso.
La respuesta del IDRD: “Transparencia y pluralidad”
Frente a la controversia, el IDRD defendió la transparencia del proceso tras ser consultado por SEMANA y aseguró que se ajustó a la normatividad vigente. En un comunicado, la entidad afirmó que “la definición de las condiciones de participación en todos sus procesos responde a las necesidades propias de su misionalidad y se rige por los principios de selección objetiva, responsabilidad, transparencia y pluralidad de oferentes”.
El instituto recalcó que “en ningún caso se establecieron condiciones restrictivas con fines excluyentes” y que la evaluación de los oferentes está a cargo de la Bolsa Mercantil de Colombia, encargada de habilitar a quienes cumplan con los requisitos para la rueda de negociación.