El reclutamiento forzado de menores de edad por parte de los grupos armados al margen de la Ley ha sido un problema por años en distintos puntos del territorio colombiano, por lo cual la Procuraduría General de la Nación requirió al gobierno Nacional coordinar las acciones interinstitucionales necesarias para combatir dicho asunto.
De acuerdo con cifras de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales, por el reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes hay reportados hasta la fecha 8.246 menores de edad que han sido víctimas de ese delito en el país.
El llamado del organismo se suma a las acciones de seguimiento de la misma entidad de control, en lo contemplado en la denominada ‘Política Nacional de Prevención de Reclutamiento de Niños, Niñas y Adolescentes’, así como en la Directiva 10 de 2021 de la Procuradora General de la Nación, en la que pidió respuestas efectivas en la lucha contra ese flagelo.
El Ministerio Público señaló, con base en las mismas cifras, que los departamentos más afectados por el reclutamiento de menores de edad son: Antioquia, con 1.428 casos; Cauca, con 604; Meta, con 541; Caquetá, con 533; Nariño, con 486, y Chocó, con 429; mientras que los municipios que reportan más denuncias son Medellín, con 187, Tumaco, con 156; San Vicente del Caguán (Caquetá), con 149, y Necoclí (Antioquia), con 104.
De igual manera, se alertó a la Nación, por la alta vulnerabilidad de los niños, niñas y adolescentes de comunidades étnicas, esto, debido a que del total de los menores de edad reclutados, el 9.2 % pertenecen a grupos indígenas y el 6.6 % hacen parte de comunidades negras, afros, raizales y palenqueros (NARP).
Por lo tanto, la Procuraduría General de la Nación exhortó a la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales, así como al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y a las gobernaciones de Chocó y Valle del Cauca para que adopten las medidas pertinentes desde sus competencias, para prevenir y combatir este flagelo y así proteger a los menores, en especial en las comunidades étnicas.
“Seis años después de la firma del Acuerdo de Paz, los niños, niñas y adolescentes en Colombia, siguen siendo víctimas del reclutamiento forzado por cuenta de las acciones de los grupos armados ilegales que se disputan el control territorial en las regiones más afectadas por el conflicto que aún persiste, por lo que atender esta situación es prioritario dentro del contexto de construcción de paz”, manifestó Ceneida de Jesús López Cuadrado, la Procuradora Delegada para el Seguimiento al Acuerdo de Paz.
Hay que decir que para la Procuraduría General de la Nación es imperativo el respeto a la vida, integridad y desarrollo de los niños, niñas y adolescentes, para que ninguno más sea víctima de reclutamiento forzado y de las afectaciones que de este se derivan para la familia y la sociedad.
En el marco del conflicto, vale mencionar que la Justicia Especial para la Paz (JEP), confirmó en el mes de diciembre del 2022, que llamará a declarar voluntariamente a 8 exsecuestrados de las Farc sobre el reclutamiento de menores de edad por parte de ese grupo armado. Entre ellos, aparece la excandidata presidencial Ingrid Betancourt, quien permaneció en manos de ese grupo armado durante más de seis años.
La colombo-francesa, quien permanece en París de vacaciones de fin de año, le dijo a SEMANA que, aunque no ha sido notificada por el tribunal, está dispuesta a acudir a la justicia a contar todos los detalles de los menores de edad que brindaron seguridad en los campamentos donde ella permaneció retenida en medio de la selva.