Una posible amenaza de apagón pone en riesgo la seguridad energética de Colombia. Por eso, el procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, pidió medidas urgentes para garantizar la prestación del servicio en el país; su llamado se conoce después de que el excontralor Carlos Hernán Rodríguez volvió a alertar sobre ese riesgo.
Por esa razón, fue que Eljach convocó una mesa técnica permanente del sector energético, a la que asistieron representantes del Gobierno, empresas del sector, autoridades territoriales, congresistas y organismos de control, para pedir medidas urgentes frente a esta problemática.
Tras finalizar el encuentro, el procurador general aseguró que se debe: “Encontrar por fin una salida a esta problemática, que entre todos pasemos del diagnóstico a las soluciones, y que a partir de este momento tengamos una visión de conjunto de lo que está ocurriendo en todas las regiones y en todos los subsectores, y vayamos por soluciones integrales”.
Desde el Ministerio Público manifestaron que la energía tiene un impacto directo en la vida de los colombianos y en el desarrollo del país, por lo que consideraron necesario avanzar en soluciones concretas frente a los desafíos reales que enfrenta el sector y garantizar la seguridad energética del país.
“La energía es una especie de sangre de la economía, y su disponibilidad marca una tendencia para el desarrollo y el progreso de las sociedades”, destacó Eljach.
Para los entes de control es indispensable que se haga especial énfasis en la región Caribe, donde las dificultades en la prestación del servicio y los altos costos han afectado durante años a las familias que viven en esa región del país. La situación en esas zonas es tan delicada que, en muchos casos, las familias priorizan el pago de la energía sobre otros gastos básicos del hogar.
El procurador Gregorio Eljach destacó: “Tenemos que lograr el consenso necesario entre todos para obtener soluciones de conjunto, con propuestas de corto, mediano y largo plazo para que Colombia tenga en los próximos años una política de Estado de seguridad energética”.
La Procuraduría participará en este proceso como acompañante para verificar el cumplimiento de las funciones preventivas, pero eso no limita las medidas disciplinarias que se puedan tomar frente a posibles incumplimientos de obligaciones por parte de las entidades públicas.