La Procuraduría General puso sobre la mesa una solicitud para que la Fiscalía abra una nueva línea de investigación contra Juliana Guerrero.
Pese a que la joven aceptó mediante un preacuerdo su responsabilidad en la obtención de títulos falsos, el delegado del Ministerio Público aseguró que existe todavía un vacío en la investigación.
“Para el Ministerio Público, sí se dejó de endilgarle a la cabeza de la señora Juliana Guerrero un comportamiento que considera el Ministerio Público; pudo presentarse —estoy hablando de presuntamente— en cabeza de la señora Juliana con los hechos que son materia de esta investigación”, resaltó.
En este sentido, señaló que, teniendo en cuenta la imputación hecha por la Fiscalía General y los hechos jurídicamente relevantes, no se pueden excluir el fraude procesal que aceptó Juliana Guerrero y el cargo de falsedad ideológica en documento público que indicó en un primer momento el ente investigador.
“Este delegado del Ministerio Público en forma respetuosa le solicita a usted que considere la viabilidad y, al momento de proferirse la sentencia, que creo que este es el momento oportuno (...), se estime la posibilidad de compulsar las copias correspondientes para que se investigue delito contra la fe pública, que ya sería la Fiscalía General de la Nación quien intentaría establecer si tuvo o no ocurrencia”, indicó.
Frente a esta solicitud, la defensa de Juliana Guerrero aseguró que, de avalarse esta petición, se le estarían vulnerando los derechos procesales a su cliente.
El preacuerdo de Juliana Guerrero
En el preacuerdo avalado este miércoles, 9 de septiembre, Juliana Guerrero aceptó su responsabilidad en el delito de fraude procesal.
Admitió que incluyó información falsa en su hoja de vida, con el fin de llegar al cargo de viceministra de las Juventudes del Ministerio de la Igualdad.
“Mi fe en Dios y en Jesús me ha enseñado que reconocer nuestros errores, pedir perdón y responder por ellos también es una forma de cuidar el corazón. Quiero agradecer profundamente a quienes, a pesar de lo sucedido, no han dejado de tenderme la mano, de creer en mí y de recordarme con sus palabras y sus actos que las segundas oportunidades existen”, expresó.
En la negociación se fijaron una pena de tres años y una inhabilidad de dos años y cinco meses para ejercer cargos públicos, además del pago de una multa de cien salarios mínimos legales vigentes.