La Procuraduría General de la Nación emitió una orden de suspensión provisional, por un periodo de tres meses, en contra de cuatro funcionarios de la administración municipal de Santiago de Cali.
La decisión disciplinaria recae sobre los titulares de los despachos encargados de la gestión del riesgo, la política de vivienda y la planificación territorial, en el marco de una investigación formal por el presunto desacato de requerimientos constitucionales.
Funcionarios notificados de la medida
La disposición del ente de control afecta directamente al secretario de Gestión del Riesgo de Cali, Breayner Ricardo Peñuela Munevar, y a la secretaria de Vivienda Social y Hábitat, María del Mar Mozo Muriel.
Dentro del mismo proceso, el Ministerio Público incluyó y notificó al subsecretario de Manejo de Desastres, Nicolás Suárez Vallejo, y al director del Departamento Administrativo de Planeación, Diego Andrés Giraldo Arboleda.
La separación temporal de sus labores administrativas tiene efecto inmediato y busca apartar a los servidores públicos de los procesos de toma de decisiones mientras avanzan las etapas de la indagación disciplinaria.
Incumplimiento del fallo de tutela
El expediente se fundamenta en la presunta inacción frente a un fallo de tutela que amparaba los derechos de la comunidad étnica de Playa Renaciente. La Procuraduría investiga a los funcionarios por omitir la orden judicial que exigía el reasentamiento inmediato de esta población, la cual se encuentra habitando en una zona de riesgo.
De acuerdo con el reporte oficial de la entidad, las dependencias distritales habrían incurrido en una falta de gestión administrativa para garantizar la oferta de suelo necesaria para el traslado de las familias.
Asimismo, el documento señala una aparente parálisis normativa por parte de las secretarías involucradas, un escenario que derivó en la desprotección de la vida y la integridad física de los habitantes de este asentamiento.
Impacto en la infraestructura del jarillón
La ausencia de un plan de reubicación efectivo generó un efecto en cadena sobre las obras de mitigación de riesgo por inundación que se desarrollan en el municipio. El Ministerio Público determinó que la inacción de los secretarios habría impedido la ejecución de las obras de reforzamiento estructural en el tramo del jarillón que corresponde específicamente a la zona de Playa Renaciente.
Para justificar la separación de los cargos, la sala disciplinaria aplicó los lineamientos preventivos establecidos en la ley. El ente de control advirtió que la medida de suspensión provisional obedece a que la permanencia de los funcionarios en sus puestos podría posibilitar la continuación o la reiteración de la falta investigada.
Al concluir el auto, la Procuraduría reiteró su mandato respecto a la vigilancia de la función pública. La institución puntualizó que las órdenes emitidas por los jueces de la República, en especial aquellas de protección a poblaciones vulnerables, exigen un cumplimiento estricto y sin dilaciones por parte de las entidades gubernamentales.