El proceso que se adelanta en la Corte Suprema contra los congresistas salpicados en el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) quedó en tablas. La discusión alrededor de si debe pedirse la medida de aseguramiento quedó en un empate en la sala de instrucción de la Corte Suprema.
Los congresistas que podrían ser sujetos de esa medida son: Wadith Manzur (Partido Conservador), Liliana Esther Bitar (Partido Liberal), Julián Peinado Ramírez (Partido Liberal), Karen Astrid Manrique (curules de paz) y Juan Pablo Gallo (Partido Liberal), así como el excongresista Juan Diego Muñoz (Alianza Verde). Dos de ellos, Manzur y Manrique, compiten este domingo en las urnas.
La decisión quedó en manos de dos conjueces: Alfredo Rey Córdoba y Javier Fernando Fonseca.
Rey Cordoba es profesor de Criminalidad Económica y Financiera en la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes e imparte también la cátedra de Derecho del Espacio Ultraterrestre en esa misma universidad. En su hoja de vida, asegura que trabaja como consultor externo en asuntos jurídicos y telecomunicaciones espaciales y satelitales. Comenzó su carrera como juez penal municipal, fue secretario de Gobierno de Santiago de Cali y fue alcalde encargado de la misma ciudad.
El abogado ha tenido importantes cargos en la vida diplomática. Por ejemplo, fue ministro plenipotenciario, representante permanente alterno de Colombia ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en Nueva York, así como embajador en misión especial ante la Conferencia Mundial del Espacio UNISPACE III en Viena.
Por su lado, Javier Fernando Fonseca es abogado especialista en Derecho Penal de la Universidad Santo Tomás y magíster en Derecho de la Universidad de los Andes. Tiene experiencia en cargos directivos en la academia, en donde ha sido decano de las facultades de Derecho de las universidades Católica de Colombia, Militar Nueva Granada, Cervantes San Agustín y Los Libertadores.
La sesión en la que se definió que el caso pasaba a estos dos juristas duró dos horas y media. Los magistrados analizaron allí la ponencia del magistrado Misael Rodríguez. SEMANA reveló, el pasado 27 de febrero, el contenido de este documento.
Allí se pide llamar a juicio a seis de los congresistas que conformaron en el año 2023 la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público del Congreso de la República. La ponencia describe el rol que cada uno de los líderes políticos tuvo en ese entramado.
“La prueba muestra como probable que los sindicados habrían aceptado una promesa remuneratoria, esta aceptación habría ocurrido a cambio de cumplir con su función como miembros de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, lo que encuadraría con el tipo penal de cohecho impropio”, señaló la misma Corte en el auto de apertura de investigación.
“SEMANA conoció que entre pruebas novedosas y relevantes allegadas al voluminoso expediente durante los últimos meses se encuentran, contenidos en la ponencia, están los explosivos testimonios rendidos por la exasesora del Ministerio de Hacienda, María Alejandra Benavides; así como las pruebas aportadas por el exdirector de la UNGRD, Olmedo López, y el exsubdirector de la entidad, Sneyder Pinilla. Además de sus testimonios, los tres han entregado evidencias físicas como chats, comunicaciones, correos electrónicos que comprometen a los parlamentarios", aseguró este medio al revelar el documento.
El magistrado ponente adjuntó a su estudio del caso registros fílmicos, interceptaciones de llamadas y chats que comprometen a los políticos en la exigencia de esos millonarios contratos.