Dos horas y media duró la sesión en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia en la que se reanudó el estudio de la ponencia del magistrado Misael Rodríguez, frente a cinco congresistas y un excongresista que, en 2023, hicieron parte de la Comisión Interdisciplinaria de Crédito Público.
Después de una intensa votación, no se pudo lograr la mayoría para que se avalara la ponencia.
En este caso, en la Sala que se instaló en la tarde de este jueves, se lograron tres votos a favor de la ponencia y tres votos en contra.
Fuentes cercanas le confirmaron a SEMANA que, tras el empate y la aplicación de los respectivos protocolos, deberá entrar a la discusión dos conjueces.
En los próximos días se realizará el sorteo de los conjueces que participarán en esta trascendental discusión.
La nueva sesión quedó programada para el próximo miércoles 11 de marzo.
En palabras simples, la decisión sobre la suerte jurídica de los cinco congresistas y un excongresista se conocerá después de las elecciones del 8 de marzo.
En este sentido, es clave recordar que Wadith Manzur (Partido Conservador) y Karen Manrique (Curules de Paz) buscan su reelección en estos comicios.
En la ponencia, revelada el pasado 27 de febrero por SEMANA, el magistrado citaba el gran cúmulo de pruebas que existía en el expediente.
En este caso se destacaban las declaraciones dadas por la exasesora del Ministerio de Hacienda, María Alejandra Benavides.
En varias sesiones, Benavides entregó copias de chats de las conversaciones que sostuvo en el segundo semestre de 2023 con los congresistas que hacían parte de la Comisión de Crédito Público del Congreso.
“El representante (haciendo referencia a Wadith Manzur) me dijo que una forma de mostrar que había gestión al interior de la UNGRD era mostrar que hubiese un CDP —es decir, un certificado de disponibilidad presupuestal— (…)”, recordó la exasesora en referencia a los mensajes que recibía del dirigente conservador para repartir los contratos.
Durante las cinco sesiones de declaración, que fueron reveladas en exclusiva por SEMANA, María Alejandra Benavides puso de presente los chats de las aplicaciones WhatsApp y Signal.
Este último punto es crucial, puesto que los dirigentes políticos le pidieron comunicarse por medio de esta aplicación que les brindaba más protección.
Después de varios cruces de mensajes, se llegó a una especie de acuerdo para finiquitar la repartija. Todo esto, con el conocimiento y aval de los entonces ministros de Hacienda, Ricardo Bonilla, y del Interior, Luis Fernando Velasco; así como del director de la UNGRD, Olmedo López.
Fue así como los congresistas Wadith Manzur, Liliana Bitar y Julián Peinado habrían aceptado los proyectos de obra e intervención que tenía la UNGRD en el municipio de Cotorra, Córdoba. Mientras que Karen Manrique y Juan Diego Muñoz habrían negociado los contratos de los proyectos de la entidad en el municipio de Saravena, Arauca.
En el caso de Juan Pablo Gallo, quien, según varios testigos, fue el último en llegar a la repartija, se habría realizado una negociación para un proyecto del municipio de El Salado, en Bolívar.
En este punto, la exasesora del Ministerio de Hacienda entregó a la Corte Suprema detalles de la forma como se establecieron los porcentajes. Esto, teniendo en cuenta que ella era la encargada de enviarle al ministro Ricardo Bonilla los recados y peticiones de los congresistas.
“(…) eran 20 para el representante Wadith Manzur, 20 para la senadora Liliana Bitar y 20 para el representante Julián Peinado; 10 para la representante Karen Manrique, 10 para el representante Juan Diego Muñoz y, si el ministro lo consideraba pertinente, 10 para el representante John Freddy Núñez”, le reveló Benavides a la Corte Suprema de Justicia.