Hace unos días, la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, aseguró que estructuras vinculadas a Emilio Tapia estarían buscando acceder a procesos de licitación con el Estado, a pesar de las sanciones que existen actualmente.
Según la ministra, todo se detectó en una licitación del proyecto vial La Llanada–Sotomayor, ya que el equipo jurídico del Instituto Nacional de Vías identificó que en el consorcio denominado Caminos Estratégicos participaba una empresa que supuestamente está vinculada a Tapia y que estaría inhabilitada por su relación con el escándalo de Centros Poblados.
Por esa razón, Tapia hizo público un comunicado para fijar su postura y negar los señalamientos del Gobierno Petro.
“Niego de manera expresa, categórica y enfática la veracidad de las imputaciones que han sido puestas en circulación pública, por cuanto las mismas carecen de sustento probatorio y desconocen actuaciones previamente adelantadas por mí ante las autoridades competentes”, dijo Tapia.
Además, aseguró que desde 2023 puso en conocimiento de la Fiscalía General “hechos relacionados con la posible comisión de conductas punibles asociadas, entre otros, a los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado, concierto para delinquir, falsedad en documento público, falsedad en documento privado y fraude procesal, presuntamente ejecutados por terceros ajenos a mi administración, representación y control societario”.
Así mismo, indicó que en el mes de marzo remitió una comunicación al despacho del fiscal, en la que entregó información sobre “determinadas personas jurídicas y terceros particulares que, presuntamente y de manera maliciosa, habrían venido utilizando el nombre, trayectoria empresarial, experiencia contractual y soportes documentales asociados a la referida compañía, pese a existir pleno conocimiento acerca de la imposibilidad jurídica de dicha sociedad para concurrir válidamente a procesos de licitación”.
Por esa razón, asegura que las afirmaciones que se hacen en su contra no tienen sustento y que se están desconociendo las actuaciones judiciales que se han realizado en los últimos meses.
“Reitero mi plena disposición de continuar colaborando integralmente con las autoridades competentes, con el propósito de contribuir al esclarecimiento de los hechos y a la determinación de las eventuales responsabilidades individuales a que haya lugar conforme al ordenamiento jurídico vigente”, finaliza el comunicado.
La ministra Rojas aseguró que, por este tipo de situaciones, se debe fortalecer el marco legal en materia de contratación pública, porque actualmente, según ella, no existen herramientas que impidan que algunas empresas con antecedentes de corrupción se asocien con otras para seguir licitando.