SEMANA conoció en primicia que la Comisión de Disciplina Judicial acaba de llamar a juicio disciplinario a la jueza primera de Ejecución de Penas y Medida de Seguridad de Barranquilla, Claribel Onisa Fernández Castellón, por haberle otorgado la libertad condicional al condenado contratista Emilio Tapia.
La decisión conocida por esta revista formuló como primer cargo la “probabilidad de falta disciplinaria (…) concretado en la posible incursión en falta gravísima, a título de dolo, lo que se traduce en realizar objetivamente la descripción típica del delito de prevaricato por acción, por haber emitido en el proceso 19953 el auto del 11 de abril de 2025 con el que concedió una libertad condicional a Emilio Tapia”.
La Comisión de Disciplina Judicial justificó que ese llamado a juicio se dio por las decisiones contrarias que habría tomado la jueza frente a lo exigido por el Código Penal, la Corte Constitucional y otras decisiones judiciales.
El segundo cargo disciplinario contra Fernández fue por “haberse configurado en grado de probabilidad la falta disciplinaria prevista en el artículo 242 del CGD, concretado a la posible incursión en falta gravísima, a título de dolo, lo que se traduce en realizar objetivamente la descripción típica del delito de prevaricato por omisión”.
Para la alta corte, la jueza en Barranquilla habría omitido parte del proceso para aplicar lo estipulado por el Código de Procedimiento Penal, al parecer, al retardar el trámite del recurso de apelación interpuesto por la Procuraduría el 11 de abril de 2025.
“Realizar objetivamente la descripción típica del delito de prevaricato por acción, por haber emitido en el proceso 28007 el auto del 28 de marzo de 2025 con el que concedió una libertad condicional a Emilio Tapia, al parecer, de forma contraria a lo exigido por el Código Penal”, es el tercer cargo formulado contra la funcionaria de la Rama Judicial.
La Comisión de Disciplina Judicial también la llamó a juicio disciplinario para que responda por el presunto prevaricato por acción en el que habría incurrido cuando el 30 de julio de 2025 expidió un auto que dejó sin efectos la libertad otorgada en marzo de ese año.
La decisión argumentó que esa jugadita le habría permitido evitar el trámite de recurso de apelación y conceder nuevamente, con argumentos cuestionables, libertad condicional al polémico Emilio Tapia, actual pareja de la congresista Saray Robayo.
