La paz total fue, sin duda, una de las promesas más ambiciosas del presidente Gustavo Petro al inicio de su gobierno. Pretendía resolver simultáneamente las distintas violencias del país mediante negociaciones con guerrillas y disidencias, y procesos de sometimiento con estructuras criminales, para recuperar el control de los territorios.
Petro la convirtió incluso en política de Estado por medio de la Ley 2272 de 2022, que muestra el tamaño de una apuesta que cuatro años después terminó convertida en uno de los mayores saldos en rojo del Gobierno saliente.
Desde la campaña, el presidente electo, Abelardo De La Espriella, no solo habló del desmonte de la paz total al calificarla como “maraña jurídica”, sino de un recorte de la financiación a programas orientados a este fin para invertir en seguridad.
“El proceso de paz total del Gobierno saliente no fue otra cosa que la entrega de la soberanía nacional al narcoterrorismo. Desmantelaremos todas las estructuras de esa falsa paz”, dijo el mandatario entrante.
En efecto, durante este gobierno crecieron las filas y la expansión territorial de los grupos armados, aumentó el desplazamiento forzado y los cultivos de coca alcanzaron cifras récord. Aun así, la paz total avanzó en algunos de sus propósitos y el más significativo fue la puesta en marcha de las zonas de ubicación temporal (ZUT).
Se trata de áreas delimitadas donde se concentran integrantes de organizaciones armadas que han decidido transitar hacia la vida civil. El objetivo es que, en medio de los diálogos, se suspendan temporalmente las órdenes de captura y se adelante la dejación de armas para facilitar el paso hacia la legalidad.
SEMANA conoció el informe de gestión final de la mesa de diálogos de paz entre el Gobierno y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), en el que muestran cómo 99 guerrilleros pasaron de las armas a formar parte de proyectos productivos y colaborar en la sustitución de cultivos ilícitos en el departamento del Putumayo.
Esto se conoce semanas antes de que el presidente entrante acabe con la política, lo que los deja en un limbo jurídico y expuestos a ser judicializados luego de que el Estado colombiano prometió colaborar con su reinserción.
El informe, presentado por Armando Novoa, jefe negociador del Gobierno con este grupo armado, destaca que “es uno de los procesos más avanzados de la política de paz total”, que comenzó en 2023 y llega a su punto más sólido con la concentración de 99 integrantes en 6 hectáreas de la vereda Betania, en zona rural del municipio Valle del Guamuez.
Resalta que, durante los dos años de negociación, se suscribieron 16 acuerdos, se destruyeron 14,5 toneladas de material de guerra y se estructuró el programa de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos “más amplio de un proceso de paz en curso”, con una meta de 30.000 hectáreas.
“Son hitos de un proceso en estado avanzado con vocación de irreversibilidad”, señala el documento. Asimismo, asegura que el objetivo es, entre otras cosas, “incentivar la separación de las comunidades de las economías ilícitas y promover su vinculación a actividades económicas legales, así como avanzar en su empoderamiento en estos territorios”.
Y se aclaró que no hubo cese bilateral de fuego durante dicha negociación: “En ningún momento se pactó o limitó la acción de la fuerza pública para operaciones de control territorial o para llevar a cabo actividades contra el narcotráfico”. Incluso acordaron medidas para desescalar la violencia, como la georreferenciación de zonas con presencia de los grupos armados.
Dentro del documento, la delegación admite que hubo obstáculos, como la fragmentación del grupo, debido a la precariedad de sus acuerdos fundacionales. Sin embargo, la más grande fue la detención y orden de extradición de alias Araña, jefe de los Comandos de Frontera, quien estuvo contemplado como uno de los posibles concentrados en la ZUT.
“Esta captura puso en evidencia las tensiones no resueltas entre las negociaciones para lograr acuerdos de paz o de sometimiento a la justicia con grupos vinculados a la actividad del narcotráfico y la figura de la extradición”, menciona el informe.
Hace apenas semanas, el 18 de junio de 2026, los 99 integrantes de los Comandos de Frontera entregaron 105 armas, cerca de 400 proveedores y aproximadamente 25.000 municiones, que hoy se encuentran en las instalaciones de Indumil en el municipio de Sogamoso, Boyacá.
El informe atribuye al proceso una reducción cercana al 50 por ciento en la tasa de homicidios de Nariño y Putumayo. Entre 2022 y 2025 también reporta caídas del 84,8 por ciento en las víctimas de masacres, del 81,5 por ciento en las afectaciones por minas, del 74,1 por ciento en el desplazamiento y del 73,3 por ciento en la desaparición forzada.
En materia de cultivos ilícitos, el informe asegura que más de 8.000 familias avanzan en la sustitución de más de 14.500 hectáreas en Putumayo, mientras que en Nariño se habrían erradicado 11.945 hectáreas entre Roberto Payán y Tumaco. El documento también menciona proyectos de soberanía alimentaria y generación de ingresos dentro del área de la ZUT.
Armando Novoa, en entrevista con SEMANA, explicó que los concentrados en la zona se encuentran en un limbo jurídico y detalló que, pese a que ninguno cuenta con requerimientos de la Fiscalía General de la Nación, la sola decisión de ingresar a la ZUT abre la puerta a su judicialización.
“La gran mayoría de ellos no tienen lo que los abogados penalistas llaman noticia criminal, es decir, no tienen antecedentes en la Fiscalía. (...) El hecho mismo de estar en la zona ya los coloca como partícipes del delito de concierto para delinquir en cuanto forman parte de una estructura armada ilegal”, contó.
Y agregó: “Muy seguramente va a ser uno de los primeros decretos que expida el nuevo presidente de la república el 7 de agosto. Pero la ZUT en donde están concentradas 99 personas desarmadas debería tener su propia dinámica y ser un espacio para que las instituciones, el Estado e incluso el nuevo Gobierno les den la oportunidad a esas personas para que en forma definitiva se separen de la violencia”.
Según el negociador, desmontar la mesa no elimina las obligaciones adquiridas con quienes entregaron las armas. “La paz es una política de Estado. Estos procesos dejan de ser un logro de un Gobierno y forman parte de compromisos de Estado que las autoridades deben proteger y honrar”, afirmó.
Además, expresó que, al levantarse el proceso de empalme, se cortó la posible interlocución con el Gobierno entrante, lo que dificulta lograr una continuidad de la ZUT.
“Hubiéramos querido que se nos permitiera presentar este informe y explicar sus alcances para que el nuevo Gobierno lo evaluara de manera objetiva e institucional. Aunque no hemos sido atendidos en esas instancias, hemos buscado contactos con algunos funcionarios todavía no posesionados”, dijo Novoa.
E hizo un llamado al nuevo Gobierno, resaltando la condición de los concentrados: “La mayoría son menores de 25 años, son iletrados, buena parte de ellos no ha terminado sus estudios de primaria y lo que tienen es un profundo deseo de separarse de la violencia”.
Finalmente, Novoa respondió a las críticas a la paz total, que califican como el peor fracaso del Gobierno Petro.
“Unos indicadores de violencia en ciertas regiones han aumentado, pero no es generalizado. En Putumayo y Nariño se evidencia que la paz total no fue un fracaso, fue un éxito relativo al que le faltó más tiempo”, contestó.
Se espera que el 7 de agosto, el Gobierno de Abelardo De La Espriella le dedique uno de sus primeros decretos a eliminar de tajo la paz total. No obstante, una de las preguntas es precisamente qué se hará con la ZUT del Putumayo, donde existe la voluntad de 99 excombatientes de reinsertarse a la vida civil, pero la posibilidad de que sean judicializados podría dejar al Gobierno saliente sin un testimonio de éxito de su política más ambiciosa.