Una nueva controversia jurídica toma fuerza en el país tras las elecciones presidenciales del pasado 21 de junio, que dejaron como ganador a Abelardo De la Espriella, quien tomará posesión del cargo este viernes en la ciudad de Cali.
En las últimas horas se conoció una demanda de nulidad electoral que busca dejar sin efectos la elección de Iván Cepeda, como senador de la República, y de Aida Quilcué, como representante a la Cámara, quienes aceptaron las curules de oposición para el equipo del candidato perdedor de la segunda vuelta.
La demanda se interpuso al referir “presunta violencia a los electores en conexidad con la afectación de la libertad del elector por constreñimiento, prevista en el ordenamiento electoral y penal colombiano, y desarrollada por vía de una teoría del caso estructurada sobre la existencia de un patrón sistemático, repetido y organizado de control territorial y coacción a la población civil, ejercido por grupos armados ilegales antes y durante el certamen electoral, con incidencia demostrable en el resultado de la elección”.
Es decir, la demanda sostiene que durante el proceso electoral se registró un patrón reiterado de hechos de violencia en diferentes municipios, incluyendo amenazas, restricciones a la movilidad, control territorial, imposición de normas de comportamiento, homicidios selectivos, desplazamientos forzados y entre otras conductas atribuidas a organizaciones armadas y estructuras criminales.
Frente a la existencia del constreñimiento electoral, los demandantes aseguraron que “existió un patrón de hechos de violencia desarrollados como forma de intervención ilegal sobre la formación de la voluntad popular en determinados municipios y corredores territoriales”.
Estos patrones estarían atribuidos a estructuras criminales como el ELN, las disidencias de las Farc, el Clan del Golfo, La Terraza, La Cordillera, Los Pachenca, Los Rastrojos, La Empresa, Los Costeños, Los Caqueteños, Los Shotas, los espartanos, la inmaculada, Los Puntilleros, el tren de Aragua, entre otros.
Para la demanda se centraron en datos tomados de la Defensoría del Pueblo, en los que se documenta la presencia armada en 670 municipios, de los cuales 433 registraban presencia de organizaciones ilegales, 168 presentaban influencia armada y 69 eran considerados territorios con hegemonía de estos grupos.
También de la MOE, que documentó la situación de 399 municipios, de los cuales 139 con presencia armada, 74 municipios con influencia armada y 126 municipios con hegemonía armada.
De acuerdo con los denunciantes, se efectuó un análisis comparativo de las actas electorales, revisando municipio por municipio los resultados obtenidos durante la elección presidencial de 2026.
La demanda de nulidad afirma que existe una coincidencia geográfica entre los territorios donde se documentó presencia de grupos armados y los que la votación favoreció a Iván Cepeda y Aida Quilcué.
Los demandantes consideran que estos elementos constituyen evidencia suficiente para sustentar el estudio judicial sobre una eventual afectación de la libertad del sufragio.