Desde la Corporación Defensoría Militar (Codem) celebró la decisión de la Corte Constitucional que le puso límites a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para juzgar y sancionar a comparecientes con responsabilidad media o cercana a la de los llamados máximos responsables.
El alto tribunal tomó la decisión al concluir que existió una “violación al principio de legalidad, debido proceso y proporcionalidad de la sanción” por parte de la JEP. El fallo se emitió tras evaluar una demanda presentada por la Corporación Defensoría Militar.
Frente a esto, la Corporación, la decisión “cobra especial importancia” en la discusión sobre las facultades que tiene el tribunal que se creó tras la firma del Acuerdo de Paz en el año de 2016.
“El fallo marca un precedente importante en la protección de las garantías judiciales de los comparecientes y adquiere una relevancia adicional al tratarse de la primera decisión de la Corte que declara inexequibles interpretaciones adoptadas por la JEP”, añadió la Corporación.
En este punto señaló que la Corte Constitucional protegió el derecho al debido proceso de aquellos que no tienen el remoquete de “máximos responsables” y cuyos procesos pasaron a conocimiento de la JEP por una mera interpretación.
“La decisión también envía un mensaje claro sobre la necesidad de que la justicia transicional actúe con reglas ciertas y dentro de los límites definidos por el marco constitucional y legal”, enfatiza.
La demanda, enfatiza, buscaba resolver los grandes vacíos que existían por las facultades que tiene la JEP para realizar este tipo de sanciones.
“En este sentido, recoge preocupaciones que desde hace años se han venido planteando sobre los riesgos que generan interpretaciones que pueden ampliar responsabilidades o modificar el alcance de los procesos sin un sustento normativo claro”, añade.
El fallo establece las garantías judiciales que se habían pedido desde hace muchos años para los denominados mandos medios.
“Desde la Corporación Defensoría Militar se ha insistido en la importancia de garantizar condiciones reales de debido proceso y seguridad jurídica, en especial para los miembros de la Fuerza Pública comparecientes ante la JEP”, indicó la Corporación mediante un comunicado.
“La existencia de criterios interpretativos no previstos en la ley no solo afecta los derechos de defensa, sino que también dificulta el avance oportuno en la definición de la situación jurídica de los comparecientes”, añade.
Finalmente, solicitan que, teniendo en cuenta las directrices de esta decisión de la Corte Constitucional, se genere un fortalecimiento judicial en este tipo de expedientes.
“Se fortalezcan las condiciones de equilibrio, garantías y debido proceso dentro de la jurisdicción, y que se atiendan de manera efectiva las inquietudes que han sido planteadas frente a la seguridad jurídica de los comparecientes”, concluyó la Corporación, que está pendiente de que se resuelva otra acción judicial frente a las decisiones de la JEP.