El Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella tumbó el decreto que desde el año 2015 suspendió las operaciones de aspersión aérea con glifosato contra los cultivos que alimentan el narcotráfico en Colombia.
El documento, firmado por el viceministro de Política Criminal, Carlos Gónima, ordenó derogar la Resolución 006 de 2015 expedida por el Consejo Nacional de Estupefacientes para suspender el uso de este herbicida en las operaciones de erradicación de cultivos ilícitos, mediante aspersión aérea en el país.
Es importante aclarar que solo ese acto administrativo no autoriza automáticamente la reanudación de las aspersiones: para eso es necesario cumplir cinco condiciones, entre ellas, un nuevo plan de manejo ambiental, agotar consultas previas con comunidades étnicas y obtener concepto favorable del Instituto Nacional de Salud.
La Corte Constitucional, a través de la Sentencia T236, fue la encargada de poner las condiciones al Consejo Nacional de Estupefacientes para renovar el programa de aspersión con uno que tiene características de prevención y cuidado.
Ese proceso decisorio estableció un órgano independiente para regular el control del riesgo, una evaluación continua del riesgo, una investigación científica con garantías de rigor e imparciales y la evidencia objetiva y concluyente de ausencia de daño a la salud y al medioambiente.
Por eso, aunque el Ejecutivo revocó el decreto que suspendió la aspersión, esa decisión no autoriza las aspersiones cuando a la fecha el propio acto reconoció que no existe un plan de manejo ambiental vigente para esta clase de operaciones aéreas y tampoco se ha agotado el proceso de consulta previa ordenado por la Corte Constitucional.
La decisión del Ministerio de Justicia se emitió sustentada con un par de casos internacionales como el de Echa, en mayo de 2022, donde el Comité de Evaluación del Riesgo concluyó que no había evidencia que permitiera clasificar el glifosato como cancerígeno o tóxico.
Hay que tener presente que el Consejo Nacional de Estupefacientes ha aclarado en diferentes oportunidades que las decisiones de la justicia estadounidense no repercuten dentro del ordenamiento jurídico colombiano ni resuelven el debate científico detrás de esta actividad contra el narcotráfico.
Hace tan solo dos semanas, el presidente De La Espriella anunció el regreso de la fumigación de cultivos ilícitos con herbicidas de última generación que no afecten la salud humana, no vayan en contravía del mandato de la Corte Constitucional y no impacten el medioambiente.