Roberto Prieto, exgerente de la campaña de reelección del expresidente Juan Manuel Santos, y quien ya pagó una condena de cinco años de prisión por ejercer su influencia ante la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) para que fuera entregado un multimillonario contrato de la Ruta del Sol, vuelve a los tribunales en condición de imputado. La Fiscalía le formulará cargos por el millón de dólares que recibió para la campaña Santos Presidente de parte de la corrupta constructora Odebrecht, hace ya más de 12 años.
SEMANA tiene el documento de la Fiscalía en el que se explican los motivos de la imputación por enriquecimiento ilícito y fraude procesal. Según estableció este medio, desde hace meses la justicia de Estados Unidos ha estado en contacto con las autoridades de Colombia consultando los avances sobre las investigaciones de Odebrecht.
Por eso, un grupo de tareas especiales de la Fiscalía revivió este expediente y decidió compulsar copias con base en la información recopilada por el Grupo de Análisis para el Caso Odebrecht (Graco), con un informe del 2 de agosto de 2023.
El documento advierte la ilegalidad que habría cometido Prieto en la campaña que llevó a Santos a su reelección en 2014, pese a las probadas irregularidades.
“La posible responsabilidad penal que pueda tener José Roberto Prieto Uribe, como gerente de la campaña de Juan Manuel Santos Presidente 2014-2018, por no haber reportado ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) los dineros ingresados a dicho candidato, los días 26 de marzo y 28 de abril de 2014, los cuales se recibieron de la empresa brasileña Constructora Norberto Odebrecht, como un aporte en servicios de investigación sobre la evolución y seguimiento de la candidatura del señor Santos Calderón y su estado perceptual para la contienda electoral, valorado económicamente en 1.000.000 de dólares”, advierte el contundente documento de la Fiscalía.
Cuando la acusación hace referencia a “servicios de investigación sobre la evolución y seguimiento de la candidatura”, se trata de la encuesta del millón de dólares, pagada a Paddington Ventures, por medio de la División de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, a través de las cuentas de las sociedades offshore Kleinfeld Limited e Innovation Research Engineering and Development, ambas con sede en Antigua.
En medio del escándalo por los aportes ilegales de la constructora, la justicia logró establecer que esta división era la encargada de los sobornos no solo en Colombia, sino en otros países de América Latina, usando incluso paraísos fiscales para evitar el rastreo del dinero corrupto.
Al inicio de la investigación contra el exgerente de la campaña, se revelaron audios en los cuales Prieto habla con el expresidente Santos y reconoce que la constructora brasileña donó dos millones de afiches que no fueron reportados.
“Yo no salí como Botero a decir que fue a mis espaldas porque hay una realidad palpable y es que Odebrecht sí pagó los afiches”, se escuchó en su momento.
Pero el audio más comprometedor fue en el que Prieto, hablando con Enrique Rivera, entonces secretario privado de Santos, se compromete a salvarlo.
“Usted no sabe qué le dije: presidente, a usted hay que salvarlo, hijueputa, y aquí tiene que caer quien caiga, pero usted tiene que salir incólume, pero aquí hay una mano de cobardes en este hijueputa Gobierno. Sus amigos son unos cobardes (…) Mañana voy a hablar y voy a defender a mi presidente, que es el único que merece respetabilidad y credibilidad”, advertía el audio.
Prieto sería imputado porque, según la Fiscalía, el dinero que le fue entregado en medio de la campaña nunca fue reportado ante el CNE y se habría cobrado la reposición de votos, pese a una violación de topes que advierte el ente acusador. “Pagos que no fueron registrados en los correspondientes informes de ingresos y egresos de primera y segunda vuelta de la campaña, ni reportados a la Organización Electoral Colombiana a pesar de la existencia de reglas electorales al respecto; con el único propósito de ocultar que la campaña había superado los topes establecidos por esa entidad a través de la Resolución 289 de 2014”, advierte la Fiscalía.
Y agrega sobre el pago de la reposición por votos: “Producto de este engaño, los magistrados del Consejo Nacional Electoral avalaron las cuentas de campaña presentadas por José Roberto Prieto Uribe a esa entidad y, en consecuencia, reconocieron el derecho a la reposición de votos y ordenaron en favor del Partido de la U el pago de esas sumas de dinero a través de la Registraduría Nacional del Estado Civil”.
El documento de la Fiscalía contra Prieto plantea un cobro, presuntamente ilegal, de casi 16.000 millones de pesos.
“Conforme con lo anterior, el Gerente Administrativo y Financiero de la Registraduría Nacional del Estado Civil ordenó el pago por un valor de 6.576.386.975 pesos para la primera vuelta y de 9.468.938.803 pesos para la segunda vuelta, desembolso que se efectuó el 26 de diciembre de 2014, pese a que la campaña presidencial no tenía derecho a los mismos por haber incumplido las normas electorales en la materia, con relación a la superación de topes”, advierte el documento.
Roberto Prieto, quien a través de su abogado Jesús Albeiro Yepes, manifestó su inocencia y respondió los cuestionamientos que plantea la imputación.
“La citación de la Fiscalía resulta inexplicable y contraevidente. Estos hechos fueron conocidos por la Fiscalía desde el año 2017. En su momento imputó por otros comportamientos a Roberto Prieto y desde entonces desestimó alguna conducta delictiva en su contra por los hechos que ahora, 12 años después de sucedidos, motivan el llamado”, afirmó el abogado Yepes.
El penalista negó todas las acusaciones y aseguró que Prieto “no participó y no conoció que la empresa Odebrecht hubiera realizado una encuesta para medir el estado de opinión y de favorabilidad del entonces presidente; tampoco participó en algún acuerdo para que se realizara esa encuesta”.
Según la versión de la defensa de Prieto, los gastos de la conocida encuesta no se recibieron ni se reportaron a la gerencia, como parte de gastos de campaña.
Y puntualizó: “Resulta un absurdo jurídico pretender que el gerente de una campaña deba responder penalmente por lo que hace la empresa privada. En este caso, los directivos de Odebrecht declararon cuál fue el propósito de la encuesta y, en ningún caso, lo reportaron como un aporte a la campaña del entonces presidente de la república”.