Por considerar que no se cumplen los requisitos legales exigidos, la jueza quinta de control de garantías de Bogotá rechazó la solicitud de libertad por vencimiento de términos presentada por la exconsejera presidencial para las regiones, Sandra Ortiz, acusada por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
En su decisión, la jueza manifestó que si bien es cierto que el escrito de acusación se presentó el 5 de mayo de 2026, se han presentado varios recursos jurídicos que han afectado el desarrollo del proceso penal.
En el escrito de acusación, la Fiscalía General señaló que en octubre de 2023, la entonces consejera presidencial para las regiones hizo parte de una “empresa criminal” que se encargó de direccionar contratos de la UNGRD para comprar la conciencia de un grupo de congresistas con el fin de que votaran favorablemente proyectos en los cuales el Gobierno Petro tenía un gran interés.
En Residencias Tequendama, en el centro de Bogotá, donde vivía por esos momentos, la funcionaria convocó un desayuno en el que participaron de manera activa el subdirector de la UNGRD, Sneyder Pinilla, y el presidente del Senado, Iván Name.
En ese encuentro, se estableció que debían buscarse los recursos para pagar los sobornos a los congresistas con el fin de que convocaran rápidamente las sesiones en las que se iban a debatir y votar los proyectos y reformas gubernamentales.
Para esto, la funcionaria habría prestado las camionetas que la Unidad Nacional de Protección (UNP) le dio para su esquema de seguridad.
Teniendo en cuenta las declaraciones del exsubdirector de la UNGRD, Sneyder Pinilla, se señaló que en estas camionetas blindadas y de uso privado del esquema de protección de Sandra Ortiz se movieron altas sumas de dinero.
Fue así como el 13 de octubre de 2021, se movieron 1.500 millones de pesos en efectivo. Este dinero fue trasladado hasta un exclusivo sector en el nororiente de Bogotá, donde vivía el senador Iván Name. El mismo movimiento se hizo al día siguiente.
Dos días después, Sneyder Pinilla llevó mil millones de pesos en efectivo hasta la ciudad de Montería, Córdoba, donde se encontraba el representante a la Cámara por el Partido Liberal, Andrés Calle.
Por esto, fue acusada por los delitos de tráfico de influencias de servidor público y lavado de activos.
La exconsejera presidencial se encuentra privada de su libertad desde el 18 de diciembre de 2024 en una guarnición militar en la capital de la República.