El presidente de la Corte Suprema de Justicia, magistrado Mauricio Lenis, cuestionó que el vencimiento de términos se haya convertido en uno de los principales argumentos para ofrecer beneficios judiciales a personas involucradas en grandes escándalos de corrupción, como el saqueo a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Durante el encuentro de justicia para menores que organizó ese alto tribunal en las instalaciones de la Alcaldía de Bogotá, el magistrado Lenis calificó como “desafortunado” que la justicia siga tomando decisiones por la falta de tiempo que establece la ley para que se actúe dentro de un proceso penal, provocando la libertad de los detenidos.
“Yo insisto en algo que había dicho, que es totalmente desafortunado que estas situaciones se presenten, y estamos viendo que hay distintas interpretaciones en el conteo de los términos. Esto va a tener que revisarse realmente porque no podemos seguir teniendo distintas posiciones sobre cómo se cuentan los términos”, indicó el presidente de la Corte.
Su pronunciamiento se dio justo después de que un juzgado de control de garantías ordenara la libertad inmediata para la exconsejera para las regiones de la Presidencia, Sandra Ortiz, procesada por el escándalo de corrupción en la UNGRD.
La defensa de la exfuncionaria declaró que 400 días después de la radicación del escrito de acusación contra Ortiz, hasta la fecha no ha iniciado la etapa de juicio y esa situación logró dejarla por fuera de la Escuela de Carabineros de la Policía, en la capital de Colombia, donde permaneció más de un año después de que fue enviada a la cárcel.
“Al restarle a 473 días los 144 días señalados, nos da un guarismo de los 329 días, término que está evidentemente por encima de los 240 días que da la causal del artículo 377 del Código de Procedimiento Penal”, reseñó el juez de control de garantías en la audiencia que se extendió por tres horas.
Esa misma situación dejó en libertad el pasado lunes 20 de abril al exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, pues la Fiscalía superó los términos para presentar el escrito de acusación en su contra. Aunque el plazo máximo para radicar ese recurso era el 31 de marzo, el ente investigador presentó ese documento 20 días después del tiempo fijado.