La justicia colombiana confirmó que Santiago Uribe, hermano del expresidente Álvaro Uribe Vélez, fue miembro y líder del grupo paramilitar Los 12 Apóstoles y tuvo responsabilidad en la muerte de Camilo Barrientos, un conductor de chiva que fue asesinado en 1994 cuando cubría la ruta entre Yarumal y Campamento, en Antioquia.
Con ponencia del magistrado Gerson Chaverra, expresidente de la Corte Suprema, la Sala de Casación Penal ratificó la sentencia de segunda instancia que confirmó la participación del hermano menor de los Uribe en el grupo paramilitar los 12 Apóstoles y el crimen del trabajador tras ser señalado como colaborador de la guerrilla.
El fallo fue enfático en señalar que la Fiscalía demostró la existencia de ese grupo paramilitar, sus integrantes, los ataques generalizados y sistemáticos que cometieron en la región de Antioquia contra la población civil, “por móviles de exterminio de causa de ideologías discriminatorias”.
De hecho, la Corte explicó que esa situación quedó en evidencia con el informe de Policía Judicial que se conoció en febrero de 2016, donde hubo documentación sobre los 12 Apóstoles obtenida por declaraciones, inspecciones judiciales, actas de inspección a cadáver y organismos gubernamentales que investigaron el fenómeno criminal que influía en la subregión norte de Antioquia.
La sentencia expuso que un informe de derechos humanos de 1993 que expidió la Personería de Yarumal alertó el aumento de muertes violentas por las mal llamadas labores de “limpieza” y denunció que en el municipio estaba haciendo presencia un grupo delincuencial conocido como Los Doce Apóstoles.
De hecho, los testimonios describieron que esa estructura criminal era auspiciada por comerciantes de la región y obraban bajo la “aquiescencia del Ejército y del Comando de Policía”; de hecho, una de esas declaraciones advirtió que detrás de todo el grupo se “mencionaba (…) al señor Santiago Uribe”.
La Corte aseguró que la creación de esa estructura tuvo como plan asesinar y exterminar de forma sistemática a personas consideradas “indeseadas” —ladrones, consumidores de drogas o colaboradores de la guerrilla— que terminaron siendo víctimas de esa estructura que tenía para ese momento poder criminal sobre los municipios de Yarumal, Campamento y Valdivia.
La casación de la pena dejó claro que, en medio de esa “política de exterminio”, dos sicarios asesinaron a Camilo Barrientos, el conductor de la chiva que se movía por Antioquia, después de que fue señalado como colaborador de la guerrilla. La prueba es que su nombre estuvo plasmado en una “lista negra” que tenía el grupo paramilitar con el nombre de las personas que consideraban objetivos.