Uno de los hechos más tristes que se presentaron en medio del estallido social de 2021 fue el lamentable suicidio de Alison Salazar, una joven de 17 años que se quitó la vida luego de ser detenida en un procedimiento policial. El asunto fue un escándalo.
Los policías fueron acusados de violación, puestos en la picota y vivieron años en la mira de las autoridades. Ahora, luego de un largo juicio, queda claro que eran inocentes, se hizo justicia, pero para ellos el daño ya está hecho.
De manera absolutamente irresponsable, el dirigente petrista y entonces senador Gustavo Bolívar salió con las peores palabras señalando como violadores a los uniformados, y el asunto se regó como pólvora sin dejar espacio a la defensa de la inocencia de los policías.
“Quiero despojarme de esa investidura para no ser políticamente correcto en lo que voy a decir. Tengo mucha rabia, tengo mucho pesar, tengo mucho dolor y mucha indignación por la muerte de Alison, la niña de 17 años a la que cuatro malditos policías, cerdos policías, la ultrajaron sexualmente y después la niña apareció como si se hubiera suicidado. Digamos que se suicidó. No resistió la indignación que le produjo el ultraje de estos miserables”. Así, sin una sola prueba, Bolívar señaló a los policías que acaban de ser declarados inocentes.
En un fallo conocido en exclusiva por SEMANA, un juez especializado consideró que las pruebas presentadas durante el juicio dejaron sin sustento la acusación de la Fiscalía contra los tres agentes del Esmad por los hechos que rodearon la retención de la joven de 17 años la noche del 12 de mayo de 2021 en el centro de Popayán.
El juez citó directamente el informe de “necropsia médico-legal” practicado al cuerpo de la joven, quien se quitó la vida pocas horas después de haber sido retenida en el CAI. En el documento se señala que, aun cuando presentaba “rastros o huellas de violencia”, estos no eran inusitados, sino lesiones leves. Además, al parecer, no se estableció que tuvieran una relación directa con lo ocurrido el día anterior.Y lo más importante: se descartó cualquier tipo de violencia sexual.
“No hubo una situación física en contra de la integridad sexual de la víctima”, sostiene el análisis forense. El juez precisó que el procedimiento fue completamente legal en la búsqueda de mantener el orden público, aunque sí cuestionó el uso de la fuerza y la ausencia de identificación clara de los policías del Esmad. No obstante, especificó: “No se aprecia que hubo conocimiento e intención de causar sufrimiento o dolores a la menor de edad con el fin de castigarla o reprenderla por un acto que ya haya cometido”.
Precisamente, cuando se cumplen cinco años de la lamentable muerte de Alison, los policías Víctor Hugo Martínez, John Jader Montenegro y Julián Andrés Martínez vieron la justicia. Durante todo este tiempo fueron señalados y acusados como los peores criminales, pero ahora pueden caminar con la frente en alto.
Compromiso intacto
SEMANA habló con el intendente Víctor Hugo Martínez sobre el caso, quien se desahogó: “Ahora sí se hizo justicia con nosotros. Fuimos difamados y tachados de violadores y asesinos sin ningún tipo de pruebas. Estas acusaciones por parte de la Fiscalía no debieron suceder. Ese 12 de mayo salimos a trabajar con el compromiso que hasta el día de hoy tengo con mi institución y con el país”.
Martínez contó el viacrucis que fue su vida desde ese momento: “Recibimos amenazas de muerte, señalamientos e insultos continuos por parte de mucha gente. Después se vino el escrito de acusación de la Fiscalía, que se ensañó en acusarnos de dos delitos muy graves sin ningún reparo, dejándonos sin libertad y sin trabajo. Solicitó una medida de aseguramiento desproporcionada, que, gracias a Dios y al juez, no fue tenida en cuenta y pudimos enfrentar este largo proceso en libertad”.
Sobre las amenazas contra sus vidas, agregó que “se publicaron nuestros nombres en redes sociales. Después de eso comenzaron a buscar nuestros perfiles en redes sociales y a nuestro WhatsApp comenzaron a llegar amenazas constantes, manifestando que nos iban a hacer daño, igual a nuestras familias. Incluso llegaron a enviar fotos de nuestras residencias. Tuvimos que cambiar el lugar donde vivíamos y cerrar todos los perfiles de redes sociales, optar por no salir a sitios públicos. Todo esto causó traumatismo a nuestro entorno familiar”.
Pese a los señalamientos injustos y desproporcionados de Bolívar, el intendente Martínez se mantiene férreo en su vocación policial y prefiere no responder a estas acusaciones. “No puedo ni debo opinar en temas políticos, pero creo que él debe ser más humano y reconocer su equivocación”, le dijo a SEMANA.
A la que sí señaló con vehemencia fue a la Fiscalía. Indicó que “la señora fiscal que en ese momento tomó el caso cometió una grave injusticia con nosotros por el afán de mostrar resultados en este caso, que fue de connotación nacional. Quiso construir una teoría basada en violencia de género que al final se le cayó sola porque eso nunca sucedió”.
El intendente Martínez no desconoce que lo sucedido con Alison fue una tragedia y lamenta que la menor haya tomado la decisión; por eso aprovechó para enviar sus condolencias a la familia. También reconoció el apoyo recibido de la Policía y afirmó que seguirá “trabajando y sirviendo a la sociedad hasta que Dios y la institución me lo permitan”.
El abogado José Luis Villafañe, quien acompañó a los tres uniformados en el proceso judicial durante estos cinco años, también habló con SEMANA. Aunque celebró la decisión, sí cuestionó los intereses políticos detrás del caso que generaron la injusticia que solo hasta ahora logra derrumbarse.
“Eso obedeció a intereses netamente políticos y no a la justicia. La misma Fiscalía no llevó a juicio los delitos sexuales que inicialmente motivaron el proceso. La prueba principal fue el video del procedimiento, grabado por periodistas alternativos, en el que no se advierte ninguna conducta inapropiada por parte de los policías investigados”, explicó Villafañe.
A diferencia del intendente, que prefirió guardarse su reflexión y mantener su silencio como policía frente a Gustavo Bolívar, el abogado Villafañe aseguró que “no fueron más que meras calumnias para aprovecharse del contexto social de entonces y denigrar la moral de la fuerza pública. Sus afirmaciones son despreciables, porque el video fue visto por todo el país desde el principio”.