En la tarde del 20 de mayo de 2014, en medio de una intensa jornada de protestas en la sede principal de la Universidad Nacional, nueve integrantes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) resultaron gravemente heridos tras ser atacados por los manifestantes con las famosas papas bomba.
Dentro de la universidad, los manifestantes activaron un centenar de bombas panfletarias con mensajes alusivos al ELN. Un año después, 13 personas implicadas en esta alteración al orden fueron capturadas en un megaoperativo, que incluso recibió aplausos del presidente Juan Manuel Santos, pero rápidamente pasó al olvido y a la impunidad.
El testimonio de un vigilante fue vital para identificar a los involucrados. El hombre, que solo contaba con un bolillo para defenderse de los encapuchados que ingresaron al campus universitario en medio del desorden, fue amarrado y amenazado de manera constante.
Entre los detenidos se encontraban tres contratistas de la Alcaldía de Gustavo Petro. En la lista se destacó el nombre de la abogada Paola Andrea Salgado, quien laboraba en el Hospital de Suba como coordinadora del programa de salud sexual y reproductiva para mujeres.
El proceso contra Salgado y compañía quedó en veremos por diversas maniobras dilatorias y la presentación del sometimiento ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en donde quedó congelado luego de que les fuera negado.
Hace más de tres años fue tomada la decisión, pero el proceso nunca regresó a la justicia ordinaria, quedó en un limbo, y los acusados gozan de impunidad y hasta trabajan en el Estado.
SEMANA conoció detalles de este complejo expediente, que ha dormido el sueño de los justos desde hace una década, y encontró un dato que generará, sin lugar a dudas, una gran polémica.
Paola Andrea Salgado Piedrahíta, acusada por los delitos de terrorismo, lesiones personales, ataque a servidor público y daño en bien ajeno, trabaja en el Ministerio de Igualdad y Equidad desde el primero de agosto de 2025 hasta la fecha. Así se registra en la página de Función Pública.
La abogada ibaguereña, quien estuvo tres meses en la cárcel El Buen Pastor de Bogotá, ha tenido dos contratos de prestación de servicios con el cuestionado Ministerio de Igualdad, en la Dirección para la Prevención y Atención de las Violencias contra las Mujeres.
Correos a la JEP
El 24 de mayo de 2023, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP rechazó el sometimiento de varios de los acusados de tener nexos con las milicias urbanas del ELN.
Sin embargo, tres años después, el Juzgado Primero Especializado de Bogotá no ha podido recibir nuevamente el expediente para continuar con el juicio debido a que la JEP no ha respondido las solicitudes elevadas.
“Se dispone, requerir una vez más, a la JEP, para que se informe la situación jurídica de los ciudadanos que se encuentran vinculados a la actuación del asunto”, señala el correo fechado el 14 de febrero de 2024 por el Juzgado Primero Especializado de Bogotá.
El 20 de febrero, el despacho judicial le pidió al Ministerio Público asesoría sobre el paso siguiente con el fin de que la JEP informara el “estado del proceso”.
Cinco meses después, el Juzgado volvió a enviar un correo alertando por la falta de respuesta de la JEP.
“Dado que a la fecha no ha sido informado el despacho sobre la firmeza de la resolución n.º 1591 del 24 de mayo de 2023, proferida por la Jurisdicción Especial para la Paz, donde no se aceptó el sometimiento a esa Jurisdicción (...), se dispone requerir una vez más a esa entidad, a fin de que se sirva informar todo lo relacionado con la ejecutoria de la resolución en mención, y así ese Juzgado pueda establecer el trámite a seguir (sic)”, se lee en la comunicación de julio de 2024.
La misma petición se repitió en cinco correos. El más reciente se registró el pasado 20 de abril, cuando el Juzgado insistió en recibir información sobre la situación jurídica de los procesados. Hasta el sol de hoy, según se pudo establecer, no se conoce una respuesta.
Sin esta respuesta, el Juzgado tomó la trascendental decisión de fijar la continuación de las audiencias preparatorias de juicio para el próximo 6 de julio.
Desde la Secretaría Judicial de la JEP le confirmaron a SEMANA que el expediente se encuentra actualmente en conocimiento de la Sección de Apelación de la JEP, atendiendo un fallo de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas. En este sentido, señaló que se revisará la situación ante una posible falta de comunicación con el Juzgado de origen.
Este medio pudo establecer que desde el 28 de enero el expediente no presenta ningún tipo de actualización en la Relatoría de la JEP.
Pruebas contra Salgado
En este caso, la presunción de inocencia de la acusada sigue vigente. Sin embargo, en el escrito de acusación, presentado hace diez años, la Fiscalía General sostuvo que existen pruebas de audio, fotografía y de testigos que señalan directamente a Salgado Piedrahíta como la mujer que transportó en un vehículo particular las 800 papas bomba hasta la Universidad Nacional.
Pruebas técnicas indican que la abogada tuvo una comunicación constante con David Camilo Rodríguez Hernández (conocido como el Profe), Herley Alexánder Lamprea Flórez y Gerson Alexánder Yacumal, en varias fotografías tomadas por agentes del CTI en una panadería ubicada en la carrera 33 con calle 28.
En la investigación, adelantada por la unidad antiterrorismo, se concluyó que en esa reunión se fijó el traslado de las cargas explosivas desde la casa de Sergio Esteban Segura Guiza, quien fue contratista de la Alcaldía de Bogotá durante la administración de Claudia López, hasta la sede de la Universidad Nacional.
Paola Salgado fue identificada, además, por el vigilante de la universidad por medio de un registro fotográfico. En su declaración, clave en la investigación, reconoció que la mujer era una de las personas que estaban en el sector del Conservatorio transportando varias cajas.
Según las pruebas, cerca de 810 elementos fueron trasladados hacia la universidad, utilizados contra los agentes del Esmad. El análisis científico y pericial indicó que cada papa bomba tenía un peso de 8 gramos y estaba compuesta por cloruro de potasio, aluminio y azufre.
En un allanamiento hecho al domicilio de Salgado, en el occidente de Bogotá, se encontraron panfletos relacionados con el aniversario 50 del ELN y una bandera de dicho grupo subversivo. La Fiscalía indica que tenía constantes contactos con una célula urbana.
Después de que acabara la protesta, Salgado se habría reunido con alias el Profe con el fin de entregar los “resultados del primer examen”, una expresión clave para hablar del balance de la jornada de manifestaciones. La abogada resaltó que una persona había resultado “herida”, pero “nada preocupante”.
El Profe fue vinculado por la Fiscalía, además, por participar en la ubicación y detonación de bombas en tres sedes de Porvenir, seis puentes peatonales y el CAI de Lourdes, caso en el que resultaron heridas dos policías y un civil.