A las 6:41 a. m. suena el primer Tik Tak de hoy viernes 17 de febrero en SEMANA, y suena por los lados de una batalla que pierde Gustavo Petro, la que entabló con la Procuraduría después de que el entonces procurador Alejandro Ordóñez lo destituyera de la Alcaldía de Bogotá por cuenta de la emergencia sanitaria que creó el mandatario con sus improvisadas y chambonas reformas a las basuras.
Según dijo la Corte Constitucional, la entidad podrá seguir sancionando, incluso con destitución, a los funcionarios de elección popular, pero la diferencia es que solo quedará en firme cuando un juez administrativo ―es decir, el Consejo de Estado― lo confirme tras su revisión automática.
El lío se habría armado cuando, en defensa de Petro, la Corte Interamericana de Derechos Humanos le dio una manita al entonces ya exalcalde, exigiendo que sus derechos políticos se respetaran y se restablecieran, y que solo podrían ser sancionados los funcionarios de elección popular por un juez penal. Por lo tanto, lo del alcalde Petro se cayó.
Pero la Corte Interamericana, bastante ajena de nuestra realidad constitucional, no contó con el origen de esa atribución de la Procuraduría, pues fue precisamente lo irónico de la reforma constitucional del 91, de la que el presidente Petro se la pasa abanicándose como autor por el hecho de que su movimiento M19 participó en la Constituyente, la que le atribuyó esta función a la Procuraduría.
La reacción del presidente sin embargo sigue siendo la misma y equivocada: que la Procuraduría no puede destituir ni disciplinar funcionarios de elección popular porque es un organismo administrativo. Pero la procuraduría no es simplemente un órgano administrativo, es independiente. No depende del Ejecutivo, ni tiene superior jerárquico, en el nombramiento de su cabeza intervienen el presidente, las altas cortes, y es el Congreso el que lo decide.
Esta decisión de la Corte Constitucional además deja a mitad de camino un proyecto de ley que avanzaba en el Congreso reiterando que la Procuraduría no se puede meter con los funcionarios de elección popular. Pues esta ya no podrá seguir avanzando, porque ya existe un pronunciamiento de la Corte al respecto.
Claramente, desde el día cero de su presidencia, Gustavo Petro quiso sacarse el clavo por su historia con la Procuraduría de Alejandro Ordóñez; no solo con esta ley, sino reemplazándolo como embajador ante la OEA, pues cuando Gustavo Petro asumió la presidencia, fue al primer embajador al que cambió por el exmagistrado Luis Ernesto Vargas.
La pregunta es, ¿qué pasará con los funcionarios designados por la procuradora Cabello para cumplir la sentencia de la Corte Interamericana? ¿Dividir las funciones de la entidad entre investigación y juzgamiento?
En principio yo diría que nada, porque la función de sancionar funcionarios de elección popular se mantiene, solo que no será efectiva hasta que no la confirme el Consejo de Estado, pero no hay duda que este mano a mano entre el presidente Petro y la Procuraduría se lo ganó Margarita Cabello; y como ya hay abiertos 51 procesos contra gobernadores y alcaldes, que empiecen a temblar.
Tik Tak: presidente, regulador de tarifas
Desde hoy esa será, durante tres meses, otra función presidencial: determinar cuánto valen las tarifas de agua y de luz, que ya no dependerán de criterios técnicos, sino políticos. O mejor dicho, para que se desate el populismo tarifario. Escuche a María Isabel Rueda.
A las 6:54 a. m. suena el segundo Tik Tak de hoy viernes 17 de febrero en SEMANA y suena por los lados del inicio del desempeño del presidente Petro de las funciones de las comisiones de Regulación de Agua Potable (CRA) y de la de Regulación de Energía y Gas (Creg), porque deja muchas dudas de cómo vaya a salir eso. Pasaríamos del planeta de las decisiones técnicas al planeta de las decisiones políticas.
No nos engañemos: a nadie le gusta el recibo del servicio público. Precisamente, peleamos con lo que nos cobran por abrir la llave del agua o prender un bombillo, pero determinar cuánto cuesta la generación, transmisión, distribución y comercialización —que es la cadena que componen los determinantes de la tarifa— no puede depender de tener contento al pueblo para mantenerse en el poder o perpetuarse en el mismo.
Para el presidente, las altas tarifas se deben a que solo tenemos seis generadores de electricidad, por lo que se asemeja a un oligopolio en el que no hay libre competencia. Por eso, dice él, se manipulan los precios de los servicios e insiste en que esa sana competencia se puede hacer a partir del sol y del viento.
Insiste el primer mandatario, en contra de muchas opiniones, que él no está afectando la institucionalidad del sector de los servicios públicos por el hecho de tomarse las funciones de sus reguladores. Pero en realidad sí las afecta, porque como estamos viendo, por la esencia no técnica y sí política de las decisiones que se tomarán, pues el asunto no es el mismo.
Y también afecta la necesaria certidumbre que debe haber frente al cambio de las reglas de juego. También crea incertidumbre, o más si se quiere, en la misma prestación del servicio, porque cultivar la cultura de la gratuidad de los servicios públicos puede conducir a una desestimulación de la inversión en el sector.
Por fortuna, esta toma de las funciones de los organismos regulatorios por parte del presidente Petro solo será por un periodo fijo de tres meses. Sin embargo, es tiempo suficiente para que el mandatario ejercite su hobby favorito: el populismo, que ese es el peligro más grande de que ahora el regulador de las tarifas de servicios públicos sea el presidente Gustavo Petro, el mismo del balcón.