El Gobierno de Abelardo De La Espriella se enfrenta a lo que muchos han llamado una “guerra judicial”. Se trata de un puñado de recursos judiciales que, por diferentes vías, han comenzado a impedir el desarrollo de decisiones que han implicado un giro radical en materia de órden público en el país.
Por ejemplo, en lo que lleva el Gobierno, cuatro fallos han tomado decisiones, algunas provisionales, que pretenden frenar las operaciones aéreas en las que haya presencia de menores de edad.
Por otro lado, también hay un dictamen que quiere evitar que se muestren los cadáveres embolsados de los criminales cuando se presentan los resultados.
Por último, un juez de Puerto Asís suspendió los efectos de una resolución que fijaba un plan piloto para reiniciar la suspensión de los cultivos de coca con glufosinato de amonio.
El presidente Abelardo De La Espriella se refirió a esos fallos en su alocución de este domingo. “Las decisiones judiciales se respetan”, aseguró, y recordó que su gobierno ha sido enfático en que respetará siempre la separación de poderes.
“Pero respetar no significa renunciar a controvertirlas, especialmente cuando considero que unas medidas riñen con las competencias del presidente de la República”, aseguró.
Para el primer mandatario, es de su resorte dirigir la Fuerza Pública y dirigir las operaciones militares. El primer mandatario explicó los díficiles problemas que entrañan esas decisiones frente a la lucha contra los grupos armados.
“No podemos permitir que un cabecilla llegue a la conclusión de que llevar menores a un campamento le garantiza inmunidad frente a la acción del Estado. Eso produciría un incentivo perverso, premiaría precisamente al criminal que viola el derecho internacional humanitario reclutando niños. La respuesta no puede ser actuar sin precaución, pero tampoco puede ser paralizar al Estado. Nuestra respuesta tiene que ser mejor inteligencia, mayor precisión operacional, evaluación rigurosa de cada objetivo y protección reforzada de los menores, sin renunciar nunca a la obligación constitucional de enfrentar a las organizaciones narcoterroristas que amenazan a los colombianos”, aseguró en referencia a los bombardeos.
Una reflexión similar lanzó frente a los cultivos ilícitos. “Frente a la fumigación, a la aspersión aérea, cualquier decisión de este gobierno deberá contar con el soporte técnico, ambiental, sanitario y territorial necesario, cumplir los procedimientos correspondientes y hacer lo que en derecho deba hacerse, lo que jurídicamente proceda o corresponda. Pero cumplidas esas exigencias, la definición y ejecución de la política contra el narcotráfico corresponde a las autoridades constitucionalmente competentes para ello”, dijo.
El primer mandatario explicó cómo actuará frente a esas decisiones. “He dado instrucciones para que la Defensa Jurídica del Estado actúe con firmeza. No voy a convertir esto en una pelea del presidente contra los jueces. Esta no es una discusión personal, es una discusión institucional. La tutela existe para proteger derechos fundamentales y esa garantía será respetada por mi gobierno. Pero el Estado de derecho también implica que cada rama del poder público ejerza las competencias que la Constitución le asignó. Un Estado de derecho no puede convertirse en un Estado sin autoridad. Proteger los derechos fundamentales y garantizar la seguridad de los colombianos no son objetivos incompatibles; tenemos que hacer ambas cosas. Respeto absoluto por la justicia, pero defensa igualmente firme de las competencias constitucionales del presidente para conservar el orden público, dirigir la fuerza pública y proteger a todos los colombianos. Esa será la posición de mi gobierno”, concluyó.