Un grupo de personeros de la Región Caribe interpuso ante el Tribunal Administrativo del departamento del Atlántico, una petición por la problemática que han tenido que enfrentar los usuarios de la región debido a las altas tarifas de energía, y esta fue admitida de manera correcta por el medio de control.

En el documento participaron de manera conjunta los personeros de Barranquilla, Santa Marta y Riohacha.

“A pesar de los esfuerzos y las buenas intenciones que se han tenido con la problemática de las tarifas de energía, los resultados a la fecha no son los esperados. Se presentó una demanda de nulidad por los alcaldes la región Caribe la cual coadyuvamos las personerías; sin embargo, no tenemos mayores avances, participamos en las reuniones organizadas por la ministra de minas que finalmente no lograron una rebaja sustancial, se han realizado marchas y nos hemos quejado en todas las instancias, pero seguimos con la misma problemática. Es por ello que la decisión que hemos tomado es continuar recorriendo este camino sin desfallecer, pero ahora sumando esta nueva línea de trabajo mediante este medio de control de esta acción popular que hemos presentado”, dijo el personero distrital de Barranquilla, Miguel Alzate.

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Según Alzate, el objetivo es hacer un llamado al Gobierno nacional y a la Comisión de Regulación de Energía, Gas y Combustibles, que es la entidad adscrita al Ministerio de Minas y Energía encargada de regular los servicios de electricidad y gas según se establece en las leyes 142 y 143 de 1994 y que se suspenda las fórmulas tarifarias.

“Pretendemos que se suspenda la aplicación de estas resoluciones del Creg, que recogen una fórmula absolutamente leonina para los usuarios”, dijo el personero de Barranquilla.

Adicionalmente, mencionó que aprovechan la oportunidad para hacer un llamado a las veedurías ciudadanas, gremios y a la comunidad en general, que se sientan vulnerados sus derechos, a que a través de un proceso ordenado se sumen a la causa.

“Universidades, gremios, comunidades de vecinos que se sientan vulnerados en su derecho por la inadecuada prestación del servicio, por todas estas barreras de acceso de este bien público de la energía, por sus altos costos, a que a través de un proceso metódico coadyuven esta acción popular para robustecerla y lograr las pretensiones que contiene esta demanda”, anotó Miguel Alzate.

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De manera explícita SEMANA, conoció las pretensiones del documento que fueron expuestas de la siguiente manera:

  1. AMPARAR LOS DERECHOS COLECTIVOS previstos en los literales j) y n) de la Ley 472 de 1998, a saber: “(…) j) El acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna; (…) n) Los derechos de los consumidores y usuarios”. En favor de los consumidores del servicio público de energía del Distrito de Santa Marta, de Barranquilla y la Región Caribe, y como consecuencia de lo anterior:
  2. ORDENAR LA SUSPENSIÓN DE LA FÓRMULA TARIFARIA que se fijó en la Resolución Creg 010 de 2020 (como la 78 de 2021) y/o en cualquier acto administrativo expedido por la Creg a fin de amparar los derechos de los consumidores del servicio público de energía del Distrito de Santa Marta y la Región Caribe, y que, al protegerse dicho derecho, las tarifas de energía sean estables y asequibles, en especial los usuarios en la costa Caribe, de tal forma que se ordene a las entidades accionadas procedan a:
  • La revisión y análisis de los impactos sobre la modificación de los indexadores en la fórmula tarifaria en la costa Atlántica, con el fin de definir si es adecuado o no su replanteamiento, y en el caso de que tal sea la conclusión, se establezca y definan los indexadores más adecuados de reemplazo para reflejar el incremento de valor de los costos de la prestación del servicio en el tiempo, considerando el próximo período tarifario de alguna de las actividades.
  • Revisión integral de otros componentes tarifarios que afectan la tarifa de los usuarios en la costa Atlántica, tales como los de pérdidas y restricciones, considerando las particularidades de dicha Región y los períodos regulatorios respectivos, de tal forma que se establezca una nueva fórmula para calcular las tarifas del servicio eléctrico desligando el IPP (Índice de Precios al Productor) en cada uno de sus componentes regulados e indexar al índice de precios al consumidor (IPC).
  • Discutir y revisar la propuesta que ha surgido en diferentes escenarios sobre estructurar un fondo de estabilización que permita mitigar impactos de incrementos tarifarios a los usuarios a futuro, definiendo con claridad el alcance, mecanismo de aplicación y de financiación.