Una lideresa social y campesina del municipio de El Roble, Sucre, identificada como Darlis Arcia, fue asesinada el 2 de diciembre de 2025 en el corregimiento de El Sitio, luego de que hombres armados que se movilizaban en motocicleta le dispararan en repetidas ocasiones. La víctima era reconocida en la región por su labor en defensa de los derechos humanos y por la organización de las comunidades rurales.
El crimen se produjo en medio de reiteradas advertencias de la Defensoría del Pueblo sobre el riesgo que enfrentan los líderes en esta zona del Caribe. El organismo había emitido la Alerta Temprana (AT) 013 de 2025, que incluye al municipio de El Roble y advierte que la presencia de grupos armados y la imposición de normas ilegales representan una amenaza permanente para la población.
La Defensoría también recordó que esta alerta se suma a la AT 019 de 2023, dirigida a líderes y defensores de derechos humanos en regiones donde persisten disputas armadas y control territorial de estructuras ilegales.
De acuerdo con Indepaz, los grupos que hacen presencia en el municipio incluyen al autodenominado EGC o Clan del Golfo y bandas de carácter local. Las comunidades han denunciado presiones, amenazas y restricciones a la movilidad, mientras que las autoridades civiles insisten en la necesidad de fortalecer la protección a líderes sociales en áreas rurales.
El Ejército Nacional tiene jurisdicción en la zona a través de la Séptima División, aunque las organizaciones sociales señalan que la presencia institucional sigue siendo insuficiente para contener las dinámicas de violencia.
Con este caso, Indepaz reporta que llega a 180 el número de líderes sociales asesinados en Colombia durante 2025, un año marcado por el incremento de agresiones y disputas entre grupos armados por el control de economías ilegales y territorios estratégicos en varias regiones del país.
Protección de líderes, en riesgo
La protección de los líderes, lideresas sociales, defensores de derechos humanos y víctimas del conflicto está en riesgo por las dificultades en la disponibilidad de recursos para garantizar la integralidad de los esquemas de seguridad.
La advertencia fue hecha por la Defensoría del Pueblo, que emitió un llamado urgente al Ministerio del Interior y a la Unidad Nacional de Protección (UNP), para que tomen decisiones administrativas de carácter urgente.
La entidad señaló que se debe garantizar que las medidas de protección permitan prevenir el riesgo, contrarrestar las amenazas y minimizar las vulnerabilidades de las personas que hacen parte del programa de protección.