Todo un revuelo se ha desatado luego de la decisión de la Superintendencia del Subsidio Familiar de ordenar la intervención administrativa total de Comfamiliar Atlántico. Desde la Asociación de Cajas de Compensación Familiar (Asocajas) emitieron un comunicado en el que cuestionaban las actuaciones del gobierno del presidente Gustavo Petro Urrego porque —a su juicio— carecen de sustentos jurídicos.
De igual manera, precisaron que es necesaria una urgente intervención de manera preventiva por parte de la Procuraduría General de la Nación con el fin de poder garantizar el respeto al debido proceso y los derechos de las partes involucradas.
“Preocupa que se sigan ejerciendo facultades de intervención total con fundamento en regulación declarada contraria a la Constitución. La Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-298, declaró inexequibles las normas que regulan las facultades de intervención administrativa de la Superintendencia del Subsidio Familiar al concluir que no establecen con suficiente claridad las causales, los procedimientos, la duración ni las garantías que deben rodear una medida de esta magnitud, afectando principios como la reserva de ley, el debido proceso y el derecho de defensa”, dijeron.
Desde Asocajas precisaron que el alto tribunal también fijó unos postulados mínimos y exhortó a fortalecer las garantías constitucionales que deben regir este tipo de actuaciones administrativas.
“Con posterioridad a la Sentencia C-298, la Superintendencia ordenó las intervenciones administrativas totales de Comfanorte y Comfamiliar Risaralda. Ambas decisiones fueron revocadas por los tribunales de Norte de Santander y Risaralda, al advertir vulneraciones al debido proceso y al derecho de defensa. Estos precedentes evidencian la necesidad de que cualquier actuación de esta naturaleza observe con el mayor rigor las garantías constitucionales y legales”, explicaron.
Indicaron que la Superintendencia optó por la medida más severa contemplada dentro del ordenamiento jurídico para las cajas de compensación.
“En el caso de Comfamiliar Atlántico, resulta indispensable que las autoridades expliquen de manera suficiente las razones por las cuales se acude a la intervención total y definitiva y no a medidas graduales y menos lesivas, conforme a los criterios de razonabilidad, necesidad y proporcionalidad establecidos por la Corte Constitucional. De igual manera, una decisión de esta naturaleza exige que el derecho de defensa pueda ejercerse específicamente frente a la medida de intervención y no únicamente dentro de las actuaciones ordinarias de inspección o vigilancia”, agregó.
El comunicado también advierte que la intervención de Comfamiliar Atlántico hace parte de una tendencia que, según el gremio, viene afectando el funcionamiento del Sistema del Subsidio Familiar.
“Esta decisión de intervención total y definitiva a Comfamiliar Atlántico se suma a las 10 Cajas de Compensación Familiar hoy intervenidas y cuya administración está a cargo de la Superintendencia del Subsidio Familiar. Estas medidas han sido prorrogadas durante el actual Gobierno y se han extendido por ocho, seis y cuatro años, lo que implica la sustitución de los órganos de dirección, administración y control elegidos conforme al modelo de gobernanza previsto en la ley, por agentes especiales designados por la Superintendencia”, señalaron.
Según Asocajas, este panorama genera preocupación porque modifica de manera prolongada el modelo de administración paritaria que caracteriza al Sistema del Subsidio Familiar, construido sobre la participación conjunta de empresarios y trabajadores en la dirección de las cajas de compensación.