Al menos nueve EPS: Sanitas (Nueva EPS, Famisanar, Savia Salud, Asmet Salud, SOS, Emssanar, Capresoca y Coosalud). Unas 13 cajas de compensación familiar, la más reciente de ellas, Comfamiliar Atlántico, que se le sumó a Comcaja, Cafaba y Confasucre, que venían bajo control oficial. La empresa Air-e, de distribución de energía en el Caribe. Esas son las compañías que hacen parte del inventario de intervenciones por parte del Estado que quedarán en el escritorio principal del palacio presidencial y ahora plantean un interrogante: ¿Qué hará el nuevo gobierno, encabezado por Abelardo De La Espriella, con esas decisiones que tomó su antecesor?
Es claro que el nuevo mandatario no parece estar dispuesto a seguir los pasos de quien le entregue el mando el 7 de agosto de 2023, lo que lleva a pensar en los caminos por los cuales tendrá que transitar para abordar la prolífica intervención de empresas, lo que, además, estaba previsto desde el Plan de Desarrollo del cuatrienio que termina.
Las intervenciones estatales suelen entrar en reversa cuando se anuncian, y no solo desde la perspectiva de los trabajadores y proveedores, sino también de la ciudadanía en general. No en vano, generalmente se reciben como una señal de existencia de problemas financieros y deterioro. En esos casos, el Estado entra, para evitar —si es posible— la quiebra del negocio, en especial en aquellos casos en los que está de por medio un servicio esencial, como el de la salud, la energía o cualquier otro servicio público. En consecuencia, la intervención no se trata de salvación de empresas, sino de garantía de protección al colombiano.
Acompañamiento de la Procuraduría
En ese contexto, Comfamiliar Atlántico fue intervenida por la Superintendencia del subsidio familiar, a través de una resolución emitida el 6 de julio, cuya puesta en marcha implicará cambios en los órganos de dirección, administración y control de la caja.
De ahí que, a pocas horas de haber sido expedida la medida, el gremio de cajas de compensación, Asocajas, encendiera las alertas. A través de la presidenta de la agremiación, Adriana Guillén, solicitaron el acompañamiento preventivo de la Procuraduría, teniendo en cuenta recientes antecedentes constitucionales y judiciales. “Las cajas que hoy están intervenidas y cuya administración está a cargo de la Superintendencia del Subsidio Familiar, están bajo medidas que han sido prorrogadas durante el actual Gobierno y se han extendido por ocho, seis y cuatro años, lo que implica la sustitución de los órganos de dirección, administración y control elegidos conforme al modelo de gobernanza previsto en la ley, por agentes especiales designados por la Superintendencia”, manifestó Asocajas.
El gremio recordó que el Sistema del Subsidio Familiar ha sido construido sobre la participación de empresarios y trabajadores, por lo cual, manifiestan su preocupación por lo que llamaron “alteración de manera prolongada del esquema de administración paritaria que caracteriza a las cajas”.
Por el lado del Gobierno, la intervención ha sido sustentada en la necesidad de proteger los fondos destinados a los trabajadores y sus familias, garantizando su transparencia.
Pero los críticos de las medidas intervencionistas mencionan que algunas actuaciones se han utilizado para acelerar cambios estructurales sin que existiera una crisis inminente. Peor aún, varias de las empresas intervenidas, como el caso de la distribuidora de energía del Caribe (Air-e), no mejoraron sus indicadores después de estar bajo el control estatal.
¿Qué puede hacer el nuevo gobierno?
La baraja de posibilidades está en las normas existentes. Por ejemplo, para reducir el gasto fiscal que implica una intervención, estaría la posibilidad de migrar la intervenida a sociedad de economía mixta, lo que daría un margen para generar liquidez.
La liberalización, que implica una mayor presencia de los operadores privados, estaría en las opciones, al igual que la privatización total.