Las bandas criminales siguen causando daños en Barranquilla y los municipios del Atlántico. Este miércoles, 2 de septiembre, se conoció que dos cabecillas principales de Los Pepes enviaron una carta al Gobierno de Abelardo De La Espriella en la que ratificaron su intención de someterse a la justicia, abandonar las actividades criminales y contribuir al esclarecimiento de los hechos violentos atribuidos a esa organización.
La carta, con fecha del 1.° de septiembre de 2026, está firmada por Digno José Palomino Rodríguez y Aldair Enrique Montenegro Mejía, quienes se encuentran privados de la libertad en el Centro Penitenciario y Carcelario de Picaleña, en Ibagué.
“Esta manifestación tiene como propósito expresar nuestra disposición seria e inequívoca para contribuir a la construcción de una salida jurídica, institucional y restaurativa frente a los hechos y circunstancias relacionados con la estructura denominada Los Pepes, así como con el flagelo de violencia, extorsiones, homicidios y demás conductas delictivas que durante años han afectado a Barranquilla y al departamento del Atlántico”, señaló la comunicación.
Los criminales le informaron al Gobierno De La Espriella sobre el cese unilateral de las actividades delictivas relacionadas con la estructura.
“De manera expresa, manifestamos nuestro compromiso de cesar unilateralmente cualquier participación, promoción, coordinación, financiación, orden, apoyo o colaboración relacionada con extorsiones, homicidios, amenazas o cualquier otra actividad delictiva que pueda estar vinculada con la estructura denominada Los Pepes”, sostuvieron.
Asimismo, indicaron que “este compromiso pretende constituir un punto de partida para la desescalada de la violencia y la protección de la población civil”.
La carta también abre la puerta a uno de los componentes que podría resultar determinante para las autoridades: la entrega de información sobre el funcionamiento interno de Los Pepes y la violencia registrada en Barranquilla y el Atlántico.
“Expresamos igualmente nuestra voluntad de contribuir, ante las autoridades competentes, al esclarecimiento de la verdad histórica sobre la violencia que ha afectado a Barranquilla y al Atlántico, particularmente en relación con el funcionamiento, integrantes, dinámicas, hechos, circunstancias y consecuencias derivadas del actuar de la estructura conocida como Los Pepes”, expresaron.
Según el documento, esa contribución tendría que realizarse de manera “seria, verificable” y ante las instituciones encargadas de administrar justicia, con el objetivo de que las víctimas conozcan las circunstancias que permitieron la consolidación y permanencia de estructuras criminales.
“La reparación no debe limitarse a lo económico. Debe comprender también el reconocimiento de las víctimas, la dignificación de quienes han sufrido, la recuperación de su memoria y la adopción de medidas que permitan evitar que hechos similares vuelvan a repetirse”, manifestaron.
Finalmente, Palomino y Montenegro solicitaron directamente al presidente De La Espriella y a las autoridades competentes estudiar los mecanismos jurídicos que permitan materializar el sometimiento dentro del marco constitucional y legal.
“La decisión que hoy ratificamos no pretende desconocer las responsabilidades que correspondan ante la justicia. Por el contrario, parte del reconocimiento de que solamente mediante la comparecencia ante las instituciones, la verdad, la reparación a las víctimas y el abandono definitivo de la criminalidad será posible construir una salida duradera”, concluyeron.