Durante las últimas horas en Barranquilla se dio el traslado de varios peligrosos cabecillas de bandas criminales hacia otras cárceles del país con el fin de poder hacerle frente a la crisis de extorsión que hoy se registra en el departamento del Atlántico. La orden de estos movimientos de privados de la libertad fue dada por el mismo presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, al Inpec.
Sin embargo, el profesor de la Universidad del Norte y experto en temas de seguridad y conflicto armado, Luis Fernando Trejos, en una entrevista con el periodista Jorge Cura en Emisora Atlántico, dijo que estos movimientos pueden dar una reducción de las llamadas carcelarias con fines extorsivos de una forma temporal.
“Sin lugar a dudas, es una noticia relevante, pero hay que tomarla con cautela, en la medida en que, si bien creo que vamos a ver una disminución de las llamadas extorsivas en el área metropolitana en el corto plazo, todavía no hay garantía de que esta sea una situación que se sostenga en el tiempo”, dijo al medio radial.
Trejos insistió en que el verdadero reto de las autoridades del orden nacional y local es poder sostener en el tiempo el control de los establecimientos carcelarios en todo el territorio nacional que se han convertido en centros de operaciones para los criminales. Además, indicó que se puede registrar un “efecto rebote” con los casos de extorsión.
Uno de los criminales que tomó de ejemplo fue el caso de alias Negro Ober, un peligroso cabecilla criminal: “Él está fuera de Barranquilla hace más de tres años y ha sido trasladado a distintas cárceles del país, pero eso no ha impedido o limitado que, estando privado de la libertad, siga dinamizando la extorsión en el área metropolitana”.
El profesor Trejos indicó que deben revisar en detalle los problemas internos que tiene el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) y señaló que la corrupción de algunos funcionarios facilitaría que los delincuentes accedan a herramientas para mantener comunicaciones con el exterior.
“Eso creo que es necesario que se aborde, y es el problema que hay al interior del INPEC, donde hay algunos elementos corruptos que permiten y facilitan el ingreso de dispositivos electrónicos a las cárceles”, agregó.
De igual manera, el académico dijo que, más allá de los resultados inmediatos de los traslados, las decisiones representan un mensaje de disuasión para quienes pretenden continuar delinquiendo desde los centros penitenciarios.
“Los criminales han sido notificados de que hay un gobierno que tiene una voluntad política de acabar con este problema y que también les están enviando un mensaje directo, en clave de disuadir a aquellos que sigan pensando en delinquir desde las cárceles, en el sentido de que no le va a temblar el pulso para trasladarlos”, precisó.
Se espera que con estos traslados los casos de extorsión puedan disminuir en el departamento del Atlántico, donde los comerciantes y emprendedores están cansados de este flagelo.