La paz urbana que lidera el gobierno del presidente Gustavo Petro en Barranquilla no pasa su mejor momento. Este martes, 7 de abril, se conoció una hoja de ruta de este polémico proceso de paz por parte de uno de los facilitadores, en la que detallan algunos aspectos importantes para que esto pueda avanzar.
Las dos bandas principales que están en estas conversaciones son Los Pepes, al mando de Digno José Palomino, y Los Costeños o Bloque Resistencia Caribe, con Jorge Eliecer Díaz Collazos, alias Castor. Lo que buscan desde el Gobierno nacional es poder aplacar la violencia que se registra en el Atlántico llegando a un acuerdo.
La hoja de ruta que plantea el Gobierno tiene 54 páginas en las que detallan los acercamientos, pero también las solicitudes de las mencionadas organizaciones. Entre las exigencias que han pedido los delincuentes van desde reconocimiento dentro del proceso hasta condiciones especiales en centros carcelarios.
“Se propuso su reconocimiento como voceros o gestores de paz… posteriormente se decantó en un reconocimiento como miembros representantes —lo cual requiere una resolución presidencial—… El otorgamiento de algún tipo de reconocimiento o designación para los señores Digno Palomino (Los Pepes) y Jorge Díaz (Los Costeños)… inicialmente como voceros o gestores de paz”, se lee en el documento conocido por esta revista.
Otro de los aspectos que se logra leer en esta hoja de ruta es el traslado de integrantes de estas bandas que se encuentran privados de la libertad hacia cárceles en Barranquilla, donde tiene su injerencia criminal. Este punto lo intentaron realizar a comienzos de año, pero SEMANA dio a conocer esto en primicia y fue frenado porque no estaban las condiciones listas.
“El traslado de personas privadas de la libertad a centros carcelarios de la ciudad de Barranquilla… 45 integrantes y… entre ellos Digno Palomino y Jorge Díaz… Facilitación de condiciones de conectividad en los centros penitenciarios para quienes participen en los procesos de conversación con el Gobierno Nacional”, precisó el informe.
Asimismo, el equipo jurídico de ambos cabecillas criminales le pidió al Gobierno nacional garantías jurídicas en medio de estos diálogos: “La expedición de una resolución de facilitación… con el propósito de fortalecer su seguridad jurídica… El apoyo en la gestión de esquemas y mecanismos de seguridad ante la Unidad Nacional de Protección (UNP)”.
En ese documento, también se conoció que hay límites jurídicos claros frente a este tipo de solicitudes que podrían ser interpretadas como privilegios para los criminales.
“No existen beneficios penales inmediatos ni procedimientos especiales hasta tanto no se cuente con una eventual ley especial de sometimiento… Las órdenes de captura… pueden ser suspendidas únicamente por orden judicial… la OCCP puede solicitarlo o recomendarlo”, señaló la hoja de ruta.
En medio de todo este debate, SEMANA dialogó con los abogados de estos dos cabecillas criminales, quienes precisaron que no fueron partícipes de esta hoja de ruta que hoy da a conocer el Gobierno nacional.
Darío Rendón, abogado de Jorge Eliecer Díaz Collazos, alias Castor, máximo cabecilla de Los Costeños o del Bloque Resistencia Caribe, dijo que no hay voluntad por parte del Gobierno nacional para avanzar.
“Hay voluntad por parte del grupo que represento, pero el Estado tenía que cumplir: uno, llevar a cabo los traslados; dos, la instalación de mesa de diálogo; tres, nombrar a gestores de paz y ninguna de las cosas se dio”, cuestionó Rendón.
“Las conversaciones se cancelaron desde el momento en que ellos (Gobierno) incumplieron con los traslados que ya se habían negociado en medio de estas conversaciones”, señaló el jurista en diálogo con esta revista.
Por su parte, Cristian Morelli, abogado de Digno José Palomino Rodríguez, máximo cabecilla de la banda de Los Pepes, quien estaba negociando acuerdos con el Gobierno nacional, calificó lo que ocurre como “diálogos rotos y promesas incumplidas”.
“Hasta el día de hoy podemos decir que nos encontramos en un estado nulo de conversaciones y acercamientos con el Gobierno nacional por medio del alto comisionado para la paz y su delegado en el Atlántico. Esto en el entendido de que han existido una serie de incumplimientos a los acuerdos o diálogos exploratorios que venían surtiéndose por medio de nuestros clientes y nosotros como abogados”, explicó.
Asimismo, indicó que en los diálogos exploratorios y en las conversaciones se hicieron unos acuerdos que no fueron cumplidos por el equipo que negociaba la paz con estas bandas criminales.
Esta revista envió una serie de preguntas a Camilo Pineda, uno de los facilitadores del Gobierno nacional en estos polémicos diálogos, pero hasta el momento no se ha obtenido respuesta alguna frente a lo que seguirá en medio de este proceso.