Todo un revuelo causó el anuncio del presidente de Colombia, Gustavo Petro, frente a la venta de la empresa Air-e Intervenida, que comercializa la energía eléctrica en Atlántico, Magdalena y La Guajira.
Lo anterior colocó sobre la mesa una vez más la estabilidad energética del país, pues expertos en el tema indicaron sobre la posibilidad de que en todo el territorio nacional pueda presentarse un apagón en caso de que se lleguen a materializar las proyecciones climáticas que están asociadas al fenómeno de El Niño.
Otro de los puntos que ha llamado la atención es que este anuncio se da a pocos días de la segunda vuelta presidencial y en medio de una tensión política. Lo que está sobre la mesa es la capacidad que tiene el Estado en la administración de los servicios públicos, la confianza que tienen los empresarios en este gremio y cuál es la capacidad del Gobierno para responder ante esta eventual crisis de energía.
La Cámara Colombiana de la Energía dijo que se encuentran altamente preocupados por las consecuencias que la liquidación de esta empresa puede generar, pero también advirtieron que no solo se vería afectado el Caribe, sino todo el territorio nacional.
“La enorme preocupación que genera este anuncio por los impactos negativos en la continuidad del servicio, la calidad de la prestación y la estabilidad financiera del sector eléctrico regional, aspectos que conllevan al debilitamiento del mercado nacional, agravando las posibilidades de dar respuesta eficiente ante la cruda realidad de temporadas de sequías severas asociadas al fenómeno de El Niño”, señaló.
Desde el gremio dieron a conocer que el riesgo más grande tiene que ver con la operación y, sobre todo, el estado de las redes eléctricas. Según explicó, un proceso de liquidación podría afectar la capacidad de respuesta técnica y comercial de la empresa, incrementando la probabilidad de interrupciones del servicio, pérdidas técnicas y dificultades para atender a los usuarios en una región que históricamente ha enfrentado problemas de calidad en la prestación del servicio de energía.
De igual manera, advirtieron que la seguridad del sistema eléctrico nacional se encuentra en jaque, lo que podría derivar en unas graves tensiones operativas que impactan la coordinación entre generadores, distribuidores y las empresas que operan el sistema.
“La salida abrupta de un actor con una participación tan relevante puede generar tensiones en la planificación y en el despacho de cargas, complicando la coordinación entre generadores, distribuidores y operadores del sistema”, sostuvo el gremio.
Para la Cámara Colombiana de la Energía, una liquidación sin una estrategia clara puede aumentar la percepción de riesgo para los inversionistas del orden nacional y hasta internacionales, lo que podría frenar de alguna manera la llegada de recursos destinados a la modernización de redes, expansión de infraestructura y proyectos asociados a la transición energética.
Otro de los afectados podría ser las empresas situadas en Atlántico, Magdalena y La Guajira, por los costos operacionales que tendrían, una menor calidad en el servicio que ya tienen —no es el mejor— y retrasos en proyectos de electrificación y desarrollo económico.
También desde el gremio señalaron que regresar a los esquemas empresariales que eran manejados por el Estado es un completo fracaso. “Existe el peligro de regresar a modelos empresariales estatales que ya fracasaron en el pasado como Corelca y sus electrificadoras”, afirmó.
Finalmente, hicieron un llamado al Gobierno nacional para que pueda priorizar mecanismos efectivos con el fin de evitar un apagón eléctrico en todo el país, pero también para que puedan fortalecer la supervisión técnica y financiera del proceso y explorar alternativas que permitan una transición ordenada. Entre esas opciones, mencionó el fortalecimiento de la intervención administrativa o la búsqueda de operadores estratégicos con capacidad financiera y experiencia en el sector.
“No se puede diferir más la crisis y es inminente la búsqueda de una solución constructiva, conveniente y adecuada, técnica, financiera, administrativa y socialmente”, señaló la entidad.
Alejandro Castañeda, presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras, Andeg, explicó que la amenaza que tiene Colombia es real en caso de que se registre el fenómeno de El Niño.
“La probabilidad de ocurrencia de un fenómeno de El Niño en Colombia es alta. Las agencias internacionales hablan de que podemos tener un Niño fuerte o muy fuerte, con una probabilidad superior al 70 %, lo cual obviamente nos pone en una situación compleja al sector eléctrico”, afirmó.
También detalló que en el sistema energético no hay un margen de maniobra en caso de que llegue a presentarse una reducción prolongada en los aportes hídricos.
“En este momento el sector está básicamente en el filo de la navaja. No tenemos reservas, no tenemos colchones de los cuales echar mano. Estamos viendo un riesgo de que el país se apague hacia abril o mayo del próximo año, que tengamos racionamientos de energía eléctrica”, sostuvo.
Según los cálculos realizados por Andeg, un racionamiento energético podría afectar el crecimiento económico nacional entre un 0,5 % y un 2 % del Producto Interno Bruto. “En el peor escenario estaríamos teniendo costos para la economía cercanos a 40 billones de pesos durante la ocurrencia del fenómeno”, señaló Castañeda.
Asimismo, señalaron que actualmente existen obligaciones cercanas a los 7,5 billones de pesos que afectan la estabilidad financiera de toda la cadena energética. Dentro de esa cifra, Air-e ocupa un lugar determinante.
“A los generadores térmicos nos debe la empresa Air-e 1,5 billones de pesos. Las deudas completas de esa compañía suman ya 2,3 billones de pesos”, afirmó el dirigente gremial.
En medio de este complejo panorama, los expertos señalaron que es necesario que puedan tener medidas urgentes para reaccionar y evitar que el país llegue a esta situación tan complicada. Y es que entre las propuestas planteadas se encuentra el pago de las obligaciones pendientes, la implementación de programas de ahorro energético con incentivos económicos para los usuarios y la incorporación de la capacidad de generación que poseen numerosos sectores industriales del país.
“Tenemos que usar también esa capacidad de producir energía que tienen los industriales de este país, que puede ser más o menos del 12 al 15 % de lo que tenemos instalado en Colombia en este momento”, explicó Castañeda.
En toda la polémica que hoy tiene el país, la empresa emitió un comunicado en el que indicó que la operación se mantiene y que el proceso de intervención con fines de liquidación fue definido desde febrero de 2025 mediante una resolución expedida por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. La compañía insistió en que el anuncio no implica una suspensión inmediata de operaciones ni una afectación para los usuarios.
“Antes de culminar el proceso de liquidación, deberá entregarse la prestación al operador que habrá de asumirla en las áreas actualmente atendidas por Air-e Intervenida, paso fundamental para asegurar una transición ordenada y sin interrupciones para los usuarios”, indicó la compañía.
Mientras llega el nuevo operador —dice Air-e—, el servicio lo seguirán prestando con total normalidad en los diferentes departamentos del norte del país.
“Air-e Intervenida seguirá operando con normalidad, garantizando la atención de sus usuarios y cumpliendo con las obligaciones contractuales”, manifestó la empresa. Asimismo, precisó que el proceso no implica cambios tarifarios ni afectaciones en la continuidad del servicio.
“La entrada en fase de liquidación no conlleva cambio alguno en las tarifas vigentes ni afectaciones en la continuidad del servicio”, añadió.
La incertidumbre en medio de la liquidación anunciada por el presidente de Colombia sigue al rojo vivo, mientras que el gremio energético se encuentra a la espera de que puedan tomar decisiones sabias ante una crisis que se vendría en los próximos meses por el fenómeno de El Niño. ¿Colombia está preparada para evitar una nueva crisis eléctrica?