El alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, sostuvo un encuentro de trabajo con la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo. Durante la reunión se definieron cinco puntos centrales para la gestión de la seguridad y la efectividad de la administración de justicia en la capital del país.
Este plan contempla acelerar los trámites judiciales contra quienes incurran en delitos flagrantes para reducir los plazos entre la detención y el fallo. La medida busca aplicar sanciones efectivas y prevenir la reincidencia en las calles, según la información compartida por las autoridades presentes en la sesión.
Asimismo, las entidades acordaron fortalecer las plataformas de consulta de los jueces al momento de definir las medidas de aseguramiento. El objetivo es consolidar el registro de capturas e imputaciones previas para que los administradores de justicia cuenten con mayores elementos de valoración al procesar a los detenidos.
Ajustes operativos y reformas en la persecución del delito
El paquete de medidas contempla la eliminación de trámites administrativos para que la Policía acceda al circuito de cámaras de vigilancia privada. Esta articulación tecnológica busca optimizar los tiempos de respuesta de las patrullas ante la ocurrencia de actos delictivos en las distintas localidades.
En el plano judicial, la propuesta busca reforzar la figura de concierto para delinquir en las estructuras organizadas. El alcalde explicó que “el cuarto punto busca que los cabecillas de las bandas criminales respondan legalmente por cada uno de los delitos cometidos por los integrantes de sus organizaciones”.
De igual forma, la iniciativa plantea incorporar herramientas de inteligencia artificial en los trámites de legalización de captura. Esta simplificación de procedimientos pretende evitar que los uniformados permanezcan extensas jornadas en los juzgados, garantizando mayor presencia policial en la vigilancia comunitaria.
Articulación con las altas cortes y el Gobierno nacional
La mesa de trabajo desarrollada en las instalaciones del Búnker de la Fiscalía contó con la participación de voceros del sector judicial. Entre los asistentes estuvieron Carlos Solórzano, presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia; Jorge Vallejo, magistrado del Consejo Superior de la Judicatura, y los expresidentes de la Corte Constitucional Gloria Ortiz y José Fernando Reyes.
Sobre la disposición del ente investigador y los contactos con el Ejecutivo, Carlos Fernando Galán, mencionó que “la Fiscal General manifestó su intención de participar en las mesas de discusión, mientras que el ministro de Justicia designado, Iván Cancino, mostró disposición para trabajar en las propuestas tras su posesión el 7 de agosto”.