La Procuraduría General de la Nación anunció que, en recientes investigaciones, se habrían registrado presuntas irregularidades contractuales en la Cárcel y Penitenciaría de Alta y Mediana Seguridad para Mujeres de Bogotá (Buen Pastor). Según la entidad, se recogieron pruebas que advertirían de presuntas deficiencias en la prestación de los servicios de alimentación, salud e infraestructura en el lugar.
Los señalados por el organismo son Ludwing Joel Valero Sáenz, quien se desempeñó como director operativo de Gestión Contractual y posteriormente como director general de la USPEC. Valero Sáenz estuvo al frente de este último cargo hasta el 1 de abril de 2025, tras el escándalo, presentado por contratos adjudicados en medio de las celebraciones de Navidad y Año Nuevo en el recinto carcelario.
Por otro lado, la otra señalada es Carmen Cecilia Simijaca Agudelo, quien se desempeñó como jefe de la Oficina Asesora de Planeación y, en calidad de encargada, ejerció como directora operativa de Gestión Contractual y directora general de la USPEC.
Cabe resaltar que la Procuraduría ya había investigado a Agudelo por presuntas irregularidades en la ejecución de un contrato para la prestación del servicio de alimentación en la Cárcel y Penitenciaría de Alta y Mediana Seguridad de El Barne, en Boyacá.
El organismo de control declaró que también será objeto de investigación la ejecución presupuestal del centro carcelario Buen Pastor, debido a que se analizarán aspectos como el nivel de ejecución presupuestal del Fondo de Atención en Salud de las Personas Privadas de la Libertad (PPL), correspondiente a la vigencia 2024.
Como parte de este proceso investigativo, se realizará la inspección correspondiente a los contratos relacionados con los servicios de alimentación, salud e infraestructura, en los que se registraron las presuntas irregularidades, lo que habría derivado en deficiencias en la prestación de estos servicios.
Así mismo, se analizarán los informes de supervisión e interventoría correspondientes, documentos en los que se puede evidenciar el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico de un contrato. Esta labor tiene como fin identificar la posible existencia de falencias en la supervisión, el control y la ejecución de los contratos.
Las investigaciones continúan en etapa de recolección y análisis de información, por lo que será el desarrollo del proceso disciplinario el que defina si existen méritos para adoptar decisiones de fondo frente a los funcionarios vinculados. Entretanto, el organismo de control reiteró que estas actuaciones hacen parte de su labor de vigilancia sobre el adecuado uso de los recursos públicos y el cumplimiento de las obligaciones de las entidades del Estado.