El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, presentó las principales conclusiones de una reunión sostenida con 17 congresistas con influencia en la capital, en la que se discutieron los principales retos en materia de seguridad y las reformas que, según la administración distrital, se requieren para enfrentar la delincuencia de manera más eficaz.
De acuerdo con el mandatario, el encuentro tuvo un carácter “constructivo” y permitió abrir un espacio de diálogo sobre los cambios institucionales y normativos que, a su juicio, necesita el país para mejorar la capacidad de respuesta de las autoridades frente al delito.
Durante la reunión, la Alcaldía expuso un balance de la situación de seguridad en la ciudad durante los últimos dos años y las dificultades que enfrentan tanto la Policía como el sistema judicial para lograr sanciones efectivas contra los delincuentes. Galán aseguró que existe un consenso inicial con los congresistas sobre la necesidad de actualizar el “andamiaje institucional y normativo” para fortalecer la lucha contra la criminalidad.
Uno de los puntos centrales de la discusión fue el uso de la tecnología en las investigaciones y procesos judiciales. El alcalde explicó que herramientas como las cámaras de videovigilancia o la información digital muchas veces no se aprovechan con la rapidez necesaria para apoyar la acción policial o servir como prueba dentro de los procesos penales.
Asimismo, se abordaron problemáticas específicas como el hurto de celulares y el hurto a personas. Según Galán, muchos de estos delitos no terminan en judicialización, lo que permite que los responsables continúen delinquiendo y desarrollen lo que denominó una “carrera criminal” que puede escalar hacia delitos más graves.
En ese sentido, el alcalde planteó revisar la normatividad vigente para garantizar sanciones efectivas, especialmente cuando los delitos se cometen con violencia. A su juicio, cuando un delincuente utiliza la fuerza para cometer un robo, el Estado debería asegurar que enfrente el proceso con medidas más restrictivas para evitar que represente un riesgo para la ciudadanía.
Otro de los temas discutidos fue la necesidad de mejorar los procedimientos de judicialización en flagrancia. Galán propuso que, mediante herramientas tecnológicas, parte de esos trámites puedan ser realizados por funcionarios distintos al policía que realiza la captura, con el fin de evitar que los uniformados deban abandonar durante horas sus cuadrantes de vigilancia.
El encuentro también incluyó discusiones sobre desarme, violencia de género, fortalecimiento de redes de apoyo comunitarias y el funcionamiento del sistema penitenciario.
En este último punto, el alcalde destacó que el hacinamiento en estaciones de Policía y URI pasó de cerca del 172 % a alrededor del 58 %, aunque insistió en que se requieren reformas para definir con mayor claridad las responsabilidades entre la Nación y los entes territoriales.
Según Galán, la reunión representa “un paso inicial” para construir un frente común entre el Congreso, el sistema judicial y las autoridades locales que permita impulsar reformas orientadas a mejorar la capacidad del Estado para combatir el delito.