Más de $734.600 millones dejaron de ingresar a las finanzas de Bogotá entre 2020 y 2025 por la prescripción de obligaciones tributarias, una situación que, según el concejal Julián Uscátegui, evidencia fallas estructurales en la gestión de cobro por parte de la Administración Distrital.
La cifra corresponde a $403.301 millones del impuesto predial y $331.365 millones del impuesto sobre vehículos automotores.
De acuerdo con el cabildante, la magnitud de los recursos no recaudados tiene un impacto directo en la capacidad de inversión de la ciudad. Solo el monto prescrito por predial equivale al 53,9 por ciento del presupuesto de inversión de la Secretaría Distrital de Seguridad y supera el presupuesto anual de entidades como la Secretaría de la Mujer, la UAESP, IDIPRON y la Secretaría de Desarrollo Económico.
En el caso del impuesto vehicular, los recursos perdidos representan cerca del 44,3 por ciento del presupuesto de inversión de Seguridad y son equivalentes, prácticamente, al presupuesto total de la Personería de Bogotá.
Uscátegui recordó que, por ley, las obligaciones tributarias prescriben a los cinco años si la administración no adelanta oportunamente la acción de cobro, término que se cuenta desde el mismo año en que se causa el impuesto.
Para el concejal, esto exige una gestión activa y eficiente que evite que las deudas se conviertan en pérdidas definitivas para la ciudad. Ante este panorama, el concejal presentó un Proyecto de Acuerdo que busca implementar alivios tributarios temporales para facilitar la normalización de deudas en mora.
La propuesta contempla reducciones graduales de intereses y sanciones, condicionadas al pago total del capital adeudado: hasta un 70 por ciento si se cancela antes del 31 de marzo de 2026, un 50 por ciento hasta el 30 de junio y un 30 por ciento hasta el 30 de septiembre del mismo año.
Según proyecciones de la Secretaría Distrital de Hacienda, con esta estrategia se podrían recaudar en un solo año recursos equivalentes a los que no se lograron cobrar en un periodo de cinco años, sin crear nuevos impuestos ni afectar a los contribuyentes cumplidos.
Para Uscátegui, se trata de una medida “responsable y pragmática” para evitar que más recursos públicos sigan perdiéndose por inacción administrativa.
“Bogotá no puede seguir permitiendo que la inacción administrativa convierta obligaciones tributarias en recursos perdidos. Este proyecto busca recuperar lo que hoy se está dejando prescribir”. señaló.